Crisis múltiples, neodesarrollismo y megaproyectos en la región sureste de México

in Regions and Cohesion
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Abstract

This article analyzes the extractivist and dispossession modalities in the Mexican neodevelopmental proposal to face the multiple crises accentuated by the COVID-19 pandemic. With the qualitative narrative method applied to social processes, four infrastructure and extractivist megaprojects are analyzed. Neodevelopmental policies of the current government insist on carrying out works as a strategy to create jobs, reactivate the economy, and promote well-being, especially for the southeast region with high rates of socioeconomic inequality. The findings point to an increase in investment and job creation and a rejection by various communities and organizations that consider that their ways of life are being threatened by the efforts of the neodevelopmental government to build megaprojects before and during the pandemic.

Resumen

Este artículo analiza las modalidades extractivistas y de despojo en la propuesta neodesarrollista mexicana para enfrentar las crisis múltiples acentuadas por la pandemia de la COVID-19. Con el método cualitativo narrativo aplicado a procesos sociales, se analizan cuatro megaproyectos de infraestructura y extractivistas. Las políticas neodesarrollistas del gobierno actual insisten en realizar obras como una estrategia para crear empleos, reactivar la economía y fomentar el bienestar, especialmente para la región sureste con altos índices de desigualdad socioeconómica. Los hallazgos señalan un incremento en la inversión y en la generación de empleos pero también un rechazo de varias comunidades y organizaciones que consideran que sus formas de vida están siendo amenazadas frente a los esfuerzos del gobierno neodesarrollista por construir megaproyectos antes y durante la pandemia.

Résumé

Cet article analyse les modalités extractivistes et de dépossession incluses dans la proposition néo-développementaliste mexicaine afin de faire face aux crises multiples accentuées par la pandémie de Covid-19. Avec la méthode narrative qualitative appliquée aux processus sociaux, quatre mégaprojets d'infrastructures et d'extraction sont analysés. Les politiques néo-développementalistes du gouvernement actuel insistent sur la réalisation de travaux comme stratégie pour créer des emplois, réactiver l'économie et promouvoir le bien-être, en particulier pour la région du sud-est qui connaît des taux élevés d'inégalités socio-économiques. Les résultats indiquent une augmentation des investissements et de la création d'emplois, mais aussi un rejet de la part de diverses communautés et organisations qui considèrent que leurs modes de vie sont menacés par les efforts du gouvernement néo-développementaliste pour construire des mégaprojets avant et pendant la pandémie.

La pandemia mundial provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) desde inicios del 2020 puso en evidencia las crisis diversas: de salud pública, económica, social y política. En México, la convergencia de las crisis resalta dos procesos que sirven de soporte para la continuidad de actividades extractivas y de despojo territorial en diferentes regiones del país. El primer proceso se refiere al cambio de régimen político en el gobierno federal en diciembre del 2018, lo que interrumpió la secuencia de varias administraciones que impulsaron una profunda agenda neoliberal. Desde sus inicios, el nuevo gobierno de centro-izquierda criticó esa agenda y las políticas gubernamentales, reformas legales y acciones públicas que promovieron la privatización, el despojo de bienes naturales y el extractivismo por parte de grandes empresas, en actividades como la minería, extracción de hidrocarburos, generación de electricidad, apropiación de agua y turismo de enclave. Para diferenciarse del periodo neoliberal, el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promovió su proyecto de la Cuarta Transformación (4T) —en referencia a otros periodos históricos de México: la Independencia, la Reforma liberal y la Revolución campesina y popular (López Obrador, 2021)— para impulsar una serie de políticas y acciones gubernamentales de características neodesarrollistas.

El segundo proceso corresponde a una serie de acciones y mecanismos que han realizado actores políticos y económicos en México para adaptarse a las nuevas condiciones que ha impuesto la agudización de las crisis múltiples expresadas en el detrimento de la salud pública, la desaceleración de las actividades económicas, las afectaciones al ambiente, el aumento de las desigualdades sociales y la polarización política.

En este escenario complejo, el gobierno de la 4T fortaleció su política neodesarrollista acelerando la construcción de megaproyectos de infraestructura (ferrocarriles, puertos, autopistas, refinerías, gasoductos) y actividades extractivistas centradas en los hidrocarburos, como una de las formas para enfrentar la crisis económica, generar empleos, promover el desarrollo social y el bienestar (López Obrador, 2021).

Esta política gubernamental en tiempos de pandemia ha suscitado comparaciones con los gobiernos llamados progresistas que emergieron en Sudamérica en los primeros quince años de este siglo.1 El progresismo como propuesta política se caracterizó por gobiernos de orientación de centro-izquierda, que no provenían de los partidos políticos tradicionales, que estaban vinculados a las ideas de un nacionalismo popular, con un discurso crítico a las políticas neoliberales y, en algunos casos, con un énfasis en posiciones antiimperialistas (Meshkat, 2015), un papel más activo del Estado en las políticas públicas y en el mercado, desde donde se impulsa un giro neoextractivista que aprovecharon los altos precios de las materias primas, lo que Maristella Svampa (2019) denomina el Consenso de las Commodities, esto impulsó la multiplicación de megaproyectos económicos y de infraestructura, acciones que permitieron obtener una mayor proporción de la renta extractiva que se utilizó para aumentar el gasto social hacia los sectores más pobres o vulnerables (Moreira, 2017).

A pesar de varias similitudes con la propuesta del progresismo sudamericano, el gobierno de la 4T ha impulsado políticas y estrategias con características propias, que marcan diversos matices por las condiciones económicas, sociales y políticas que corresponden a un periodo de cambio de régimen político y de concurrencia de distintas crisis. Estas características se asemejan a la perspectiva del desarrollismo como política gubernamental que siguieron países latinoamericanos en el contexto de las teorías de la dependencia desde la década de 1960, bajo el cobijo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (Osorio, 2016).

La perspectiva desarrollista de la teoría de la dependencia fue planteada por Fernando Cardoso y Enzo Faletto (1969) quienes insisten en que para romper la subordinación que ata a los países al subdesarrollo debido a la expansión de las economías industrializadas, se tienen que modificar las condiciones estructurales de la economía y la producción, impulsando un régimen nacional desarrollista que promueva la industrialización vía la sustitución de importaciones (ISI) y fortalezca el mercado interno. Así, la perspectiva desarrollista se inserta en propuestas de gobierno mediante las instituciones del Estado que tienen capacidad operativa para convertirlas en políticas de desarrollo económico y social, lo que requiere cierto consenso con las élites políticas y respaldo social.

En este sentido, la acción gubernamental de la 4T tiene similitudes con esta perspectiva, aunque con diferentes énfasis que permiten delimitar un enfoque neodesarrollista. Mariano Féliz (2011) y Svampa (2019) señalan que ahora existe un mercado globalizado que ya no busca la sustitución de importaciones, sino impulsar las condiciones económicas de infraestructura y de capacidades sociales para hacer frente a los requerimientos socioeconómicos de cada país, en donde los capitales nacionales tienen oportunidad de vincularse con un mercado interno con mayor capacidad de consumo por el incremento de salarios y subsidios. Estas son características distintas al desarrollismo del siglo pasado.

Una parte del proyecto de la 4T hace énfasis en impulsar el desarrollo y el bienestar, con acciones que moderen la exclusión y desigualdad social provocadas por las políticas neoliberales. Por ello, el gobierno ha definido a la región sureste del país (a los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo) como un espacio prioritario para operar sus políticas y proyectos, una zona donde se mezclan una gran riqueza de bienes naturales y recursos estratégicos (agua, hidrocarburos, selvas, paisajes), una diversidad biológica, geográfica y cultural (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], 2014), pero en donde su población indígena y campesina ha sido históricamente explotada y excluida, que concentra los mayores índices de pobreza del país, con 62.5% de su población respecto a 41.9% del promedio nacional (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval], 2019).

La estrategia gubernamental para impulsar las transformaciones en la región sureste son las llamadas cortinas de desarrollo, que es el nombre que se le ha dado a los proyectos de grandes obras de infraestructura y actividades extractivas con proyectos como el Tren maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), la refinería de Dos Bocas y el Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos.

De esta manera, este artículo responde a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las repercusiones de la construcción de megaproyectos de infraestructura en la región sureste de México frente a las crisis múltiples que afectan al país, acentuadas por la pandemia de COVID-19?

Mapa 1 • 
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Megaproyectos de infraestructura y actividades extractivas en el Sureste de México

Citation: Regions and Cohesion 11, 3; 10.3167/reco.2021.110304

Diseño y metodología

El acercamiento metodológico de esta investigación es cualitativo aplicado a cuatro proyectos de infraestructura y extractivistas (Refinería de Dos Bocas, CIIT, Tren Maya, Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos) que representan la perspectiva neodesarrollista del gobierno de la 4T y fueron seleccionados por criterios de relevancia por sus efectos económicos (generación de empleos) y socioterritoriales en la construcción de obras, así como por los conflictos socioambientales que ocasionan para la región sureste de México.

Los datos utilizados provienen de fuentes secundarias, tanto de materiales hemerográficos como de documentos de instituciones gubernamentales y de organizaciones sociales y civiles. Para analizar esta información se trabajó con el método narrativo aplicado a procesos sociales (Blanco, 2011). Se contrastaron los documentos y los discursos públicos respecto a la situación contextual de las políticas neodesarrollistas, la construcción de megaproyectos y las crisis múltiples.

La pandemia representó un reto para el acceso de información, pues las medidas restrictivas en términos de movilidad hicieron que se privilegiaran fuentes documentales. Se utilizaron versiones estenográficas de los posicionamientos del presidente AMLO sobre las políticas neodesarrollistas y los proyectos de infraestructura y extractivista, así como la información oficial publicada en páginas electrónicas. Asimismo, se empleó el Diario Oficial de la Federación (DOF) en donde se expresaron las principales medidas gubernamentales para enfrentar la crisis de salud pública y económica provocada por la COVID-19.

Para el caso de los actores y organizaciones sociales, que igualmente enfrentaron las condiciones de confinamiento, se tuvo acceso a diferentes documentos sobre sus posicionamientos, resultado de encuentros, foros y conferencias de prensa difundidos por redes sociales y medios de comunicación entre 2019 y 2020.

Debates actuales y enfoque conceptual

Las características y trascendencia del conjunto de crisis que se expresan en México y a nivel global en tiempos de la COVID-19, ya ha sido materia de un creciente debate académico. Una serie de reflexiones se agrupan en torno a la crisis del coronavirus que ubica que las dificultades económicas surgen debido a la abrupta paralización productiva y social por las medidas sanitarias implementadas para enfrentar la pandemia, pero que esas dificultades se irán subsanando en la medida que los países pongan en marcha reformas y acciones que impulsen la inversión privada e incrementen el gasto gubernamental para priorizar el crecimiento económico (Hammer & Hallegatte, 2020).

En cambio, otros analistas insisten en que el funcionamiento del modelo capitalista globalizado estaba teniendo grandes problemas en los últimos años y que la magnitud de la actual crisis resulta de una falta de resolución de las causas que generaron la Gran Recesión de 2007 y 2008 en el ámbito inmobiliario, financiero y económico (Bárcena y Cimoli, 2020). Por su parte, Arturo Guillén (2021) considera que las recientes dificultades no sólo son económicas, sino también ambientales, energéticas, sociales y políticas, que expresan las contradicciones que permanecieron latentes durante los últimos años, debido a las dificultades estructurales que arrastra el modelo capitalista. En este sentido, Stephan Lessenich (2020) retoma la idea de crisis múltiple, incorporando a las dificultades generadas por la pandemia, las problemáticas socioecológicas, productivas y políticas del modelo neoliberal.2

Recuperando estas últimas perspectivas, se utiliza en este artículo el término de crisis múltiples en plural, pues se aleja del enfoque de la crisis del coronavirus como un evento coyuntural y remarca la concurrencia de distintas dimensiones de esas crisis (económica, ambiental, social y política), así como la reincidencia con las que se expresan las dificultades por la falta de solución de las causas estructurales del modelo económico.

En términos teóricos, este documento abreva en dos perspectivas principales: la ecología política latinoamericana y la geografía crítica. Desde estas perspectivas se reflexionan las políticas neodesarrollistas que se impulsan en el contexto de las crisis múltiples en el sureste mexicano, lo cual lleva a profundizar en dos aspectos conceptuales, el primero referido a la caracterización de los megaproyectos y, el segundo, a la dinámica económica y los efectos socioambientales de la apuesta neodesarrollista.

Cuando se habla de megaproyectos de infraestructura no solamente se refiere a una construcción específica, sino que ésta tiene una intencionalidad fundamental para el sistema económico. En efecto, los megaproyectos tienen su expresión concreta como obras que utilizan montos de recursos públicos y privados, que para su construcción y operación provocan fuertes afectaciones sociales, ambientales y culturales en los territorios en donde se asientan, pues modifican las formas de vida de sus habitantes. A pesar de estas graves afectaciones, las obras son necesarias para el buen funcionamiento del modelo económico, que además arrojan ganancias para empresas constructoras, contratistas y banca comercial (Ibarra, 2016).

Para caracterizar la dinámica económica que subyace a la construcción de megaproyectos se hace referencia a los mecanismos basados en el despojo y el extractivismo, en la medida que la imposición de grandes obras de infraestructura y proyectos económicos que tienen como soporte procesos de acumulación que se sustentan en la apropiación violenta o encubierta bajo formas legales de bienes naturales, comunales o públicos, que incluye la privatización de servicios e infraestructura social, la extracción de bienes naturales y el acaparamiento de tierras, como un mecanismo para hacer frente a las limitaciones en la reproducción ampliada del capital (Harvey, 2004).

Bajo estos mecanismos de despojo se expresan los procesos extractivistas, que implican formas de sustracción y apropiación de bienes naturales sin procesar o con un procesamiento limitado, para destinarlos, en su mayor parte, a las economías dominantes con el fin de obtener grandes ganancias al mantener bajos costos de producción y externalizar los impactos ambientales, en las que se incluyen formas tradicionales como minería, hidrocarburos, agua, pesca, a las que se suman también actividades como el turismo y agronegocios (Gudynas, 2014).

El análisis del despojo y el extractivismo en la ecología política hace referencia al metabolismo social, sobre todo porque muestran un proceso donde el sistema económico acelera la apropiación de materiales y energías de la naturaleza y culmina cuando depositan desechos o residuos en el ambiente. Durante ese proceso se generan actividades en el sistema socioeconómico en las cuales los materiales y energías son apropiadas y extraídas, después circulan y se transforman, continúan con su consumo en los centros económicos emergentes y dominantes, para finalmente ser desechados como residuos (Toledo, 2013). La extracción de hidrocarburos y su transformación en combustibles son un ejemplo de este proceso metabólico, lo mismo las obras ferroviarias en sus aspectos de apropiación de suelos y el uso de insumos energéticos para impulsar el transporte.

La dinámica de despojo y extractivista en términos del metabolismo social empujan a la realización de megaproyectos de infraestructura para el traslado, transformación y distribución de los bienes extraídos, además de incrementar la capacidad de movilización de bienes, mercancías y personas en los circuitos globales del comercio y el turismo.

En esta perspectiva apunta el neodesarrollismo, el cual comparte elementos característicos del desarrollismo propuesto por la Cepal, como fortalecer el mercado interno, promover la industrialización, la modernización de la infraestructura y de la economía, así como un papel activo de Estado en la economía. Sin embargo, la nueva versión desarrollista se diferencia de la centralidad que tuvo la ISI como proceso de industrialización inicial para los países latinoamericanos en el siglo pasado, ahora estamos en una economía globalizada que conformó en naciones como México una base productiva compleja y diferenciada. Así, las políticas gubernamentales buscan una mejor inserción de la economía aprovechando las materias primas, marcos normativos, salarios o infraestructura para fomentar la extracción, producción y comercialización para el mercado nacional e internacional. En este contexto, las instituciones estatales deben contar con suficiente capacidad de acción y maniobra, por lo que requieren de finanzas públicas equilibradas y una deuda estable (a diferencia de los gobiernos desarrollistas que tuvieron crecimiento económico a costa de grandes endeudamientos). Con finanzas equilibradas se pueden realizar políticas que atiendan las contradicciones socioeconómicas que se generaron en el periodo neoliberal, con una orientación del gasto social hacia sectores excluidos, lo que fortalece el mercado interno (Féliz, 2011). En este sentido, las obras y las políticas energéticas realizadas con inversión pública deben atender los requerimientos de infraestructura para garantizar los equilibrios regionales y la competencia entre los actores económicos (Féliz, 2011).

Las políticas neodesarrollistas del gobierno de la 4T impulsan megaproyectos para aprovechar la extracción de bienes naturales y como la privatización paisajes y playas, así como sacarle provecho a las ventajas comparativas y geopolíticas del sureste mexicano, para el traslado tanto de materias primas como de bienes industriales y productos agropecuarios hacia Estados Unidos, nuestro principal mercado, al cual enviamos el 80% de nuestras exportaciones (Guillén, 2021).

Las políticas neodesarrollistas buscan darle un nuevo protagonismo al gobierno con la promoción de actividades económicas, obras de infraestructura y el desarrollo social, de forma que se remonte el estancamiento provocado por las políticas restrictivas del neoliberalismo y sus efectos como la privatización de bienes y servicios, la colusión con los intereses de las corporaciones privadas. Otro de los rasgos distintivos para reactivar el crecimiento económico es el impulso de megaproyectos de infraestructura como uno de los instrumentos de la generación de empleos para que la población no tenga necesidad de emigrar para encontrar trabajo, que es uno de los fundamentos de las cortinas del desarrollo (López Obrador, 2020). En este mismo sentido, se encuentra el impulso de la soberanía energética que promueve una recuperación en la extracción de petróleo y gas, y su procesamiento para darle mayor valor agregado y no depender de las importaciones de los Estados Unidos.

Para impulsar la estrategia neodesarrollista, la 4T ha privilegiado el sureste del país, una región compleja y diversa que tiene una larga trayectoria de programas gubernamentales que se han orientado al aprovechamiento de sus bienes naturales y territoriales (ríos, playas, minerales, selvas, viento), pero que, paradójicamente, no han contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad económica y social de sus habitantes.

Procesos y resultados

La propuesta neodesarrollista de la 4T a partir de megaproyectos y actividades extractivas se vislumbra desde la campaña electoral de AMLO en el 2018 como parte de sus proyectos estratégicos, y después en la consulta nacional sobre los programas prioritarios que fueron puestos a plebiscito por el presidente electo antes de la toma de posesión. Finalmente, ese conjunto de proyectos y programas se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) publicado en el 2019.

El PND es un documento relevante, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación obligan a cada gobierno federal, al inicio de su mandato, a que defina las acciones y políticas para la solución de problemas nacionales y promover el desarrollo económico, social y cultural. El gobierno de AMLO aprovechó este documento para hacer explícita su propuesta neodesarrollista. Esta se basa en una crítica al modelo neoliberal, pretendiendo que con las políticas y programas que desarrollará su administración, se pondrá fin a ese modelo: “Tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales” (PND, 2019, p. 8), ya que el neoliberalismo fomentó la corrupción, la extorsión institucionalizada, el estancamiento del mercado interno y la inseguridad generalizada.

Para transformar esta situación se reivindica el papel rector del Estado en la economía y en la vida pública del país, impulsando actividades y obras que permitan la creación de empleos, aumentar los salarios y fortalecer el mercado interno, para lograr un desarrollo que impulse el crecimiento económico y acciones para alcanzar la soberanía energética y que México no dependa de la importación de hidrocarburos y productos del petróleo (PND, 2019).

Con este recorrido, desde la campaña electoral hasta el PND resalta la importancia que se le asignó a la construcción de tres megaproyectos y una actividad extractiva que tendrán repercusiones en la región sureste del país: el Tren Maya atravesará cinco estados (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) circunvalando la Península de Yucatán; el CIIT, que conectará los puertos de Salina Cruz en Oaxaca con Coatzacoalcos en Veracruz; la refinería de petróleo de Dos Bocas, Tabasco, así como la actividad extractiva de hidrocarburos en distintos campos petroleros de Campeche, Tabasco y sur de Veracruz, definido en el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos (PNPH).

En el PNPH, el gobierno de la 4T muestra su estrategia para fortalecer las actividades extractivistas de petróleo y gas enfocadas en impulsar la soberanía energética para la producción y transformación de combustibles fósiles nacionales, así asegura los insumos para el funcionamiento de las actividades económicas del país. El Plan propone relanzar a Petróleos Mexicanos (Pemex) como una empresa productiva del Estado, mediante el aumento de la producción de petróleo y gas, así como su procesamiento para generar más gasolinas, con lo cual el gobierno de AMLO planea aumentar 1.7 millones de barriles diarios de petróleo del 2018 a 2.4 millones en el 2024, lo que implica incrementar la recuperación de campos maduros y reducir el declive de yacimientos en explotación con tecnologías modernas, además de aprovechar los campos petroleros en exploración, perforando nuevos pozos en ocho campos terrestres (con 44 pozos) y en 12 de aguas someras (con 73 pozos) en los estados de Tabasco, Campeche y Veracruz (Petróleos Mexicanos [Pemex], 2019).

Esta política ya muestra resultados en el periodo 2018–2021, pues el monto de recursos asignados para la inversión física de la producción petrolera aumentó 37%, lo que permitió revertir la caída en la extracción de petróleo y mantener los niveles de producción a pesar de la paralización de la economía en el 2020 por la pandemia de COVID-19 (Sistema de información de Hidrocarburos, 2021).

Los planes y acciones no consideran las ocupaciones temporales de las tierras para los nuevos pozos y ductos, ni los daños ambientales que se provocarán en las nuevas zonas de extracción, ni de la exigencia en la reparación de los daños ecológicos que sigue causando la industria petrolera, esto es la expresión de un extractivismo que acelera el proceso de metabolismo social, pero justificado en la idea de la soberanía energética. Esto contrasta con la alta conflictividad socioambiental que genera la extracción petrolera, como lo muestra la investigación de Georgina Flores (2021) que en el periodo 2006–2018, en la cual identificó 157 hechos conflictivos causados por 75 proyectos de extracción y conducción de petróleo, siendo esta actividad la segunda con mayor número de conflictos después de la minería.

Figura 1 • 
Figura 1 • 

Producción de petróleo e inversión física 2018–2021

Citation: Regions and Cohesion 11, 3; 10.3167/reco.2021.110304

Respecto al procesamiento de petróleo, los planes proponen un aumento en la producción de gasolinas y diésel, con la reparación y mejora de las seis refinerías actuales, así como la construcción de una refinería en Dos Bocas, la cual se convirtió en uno de los proyectos insignia de la propuesta neodesarrollista de la 4T (PND, 2019). La refinería se está edificando en un terreno federal de 586 hectáreas en la base marítima en el puerto industrial de Dos Bocas. Tendrá un costo de 8,900 millones de dólares para producir 340 mil barriles de gasolina al día, con un tiempo de construcción de tres años. Cuando el proyecto se termine, en el 2022, estará bajo responsabilidad de Pemex, con el cual se pretende darle un valor agregado al petróleo extraído en el sur del país, dejar de importar gasolinas para lograr la autosuficiencia energética, así como generar empleos para el estado de Tabasco.

En efecto, la construcción de la refinería desde junio del 2019 ha generado una cantidad importante de puestos laborales, pues en el 2020, en plena pandemia, se abrieron 34 mil empleos, de los cuales 8 mil son directos y 26 mil indirectos (Secretaría de Energía, 2020), lo que hizo que el estado de Tabasco fuera de las únicas tres entidades donde se crearon empleos en el país durante 2020 (Rosales, 2021).

Algunas organizaciones ambientalistas, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica, han criticado las repercusiones ambientales que provocará la refinería. Uno de las primeras observaciones fueron los trabajos que deforestaron manglares en un área designada como prioritaria para la conservación, a grado tal que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente multó a la empresa y le obligó a reforestar 83 hectáreas de mangle. Además de esto, se han cuestionado la contaminación de los cuerpos de agua aledaños a la refinería, así como priorizar la construcción de una refinería, lo que va en contra de las energías limpias y renovables, ya que la estrategia gubernamental no considera la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (Greenpeace, 2020), ni los efectos metabólicos del modelo industrial en su conjunto.

El otro megaproyecto importante para el sureste es el CIIT, que pretende potenciar el tránsito de personas y mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico para incrementar el comercio exterior con los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, reconstruyendo las vías de comunicación en una franja de 300 kilómetros mediante un corredor multimodal y plataforma de logística que incluye la modernización de los puertos con terminales de contenedores; la ampliación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, con un tren rápido de dos vías, para mover contenedores de carga entre los puertos; la ampliación de la autopista transístmica a cuatro carriles, la consolidación de la red aeroportuaria para transporte de carga en Minatitlán e Ixtepec; la construcción de un gasoducto a lo largo del Istmo, así como el establecimiento de diez polos de desarrollo que concentrarán actividades industriales y de agronegocios (Candelas, 2019).

Este ambicioso proyecto implica la convergencia de varios proyectos de inversión y fomento, que coordina el organismo público descentralizado denominado CIIT, el cual tiene un presupuesto inicial de 12,500 millones de dólares. El área de incidencia será de 79 municipios (33 de Veracruz y 46 de Oaxaca), donde habitan 1,200,000 personas concentradas en ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán, Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz, así como pueblos y comunidades indígenas que presentan rezagos socioeconómicos respecto a la media nacional (Candelas, 2019). En la actual etapa de remodelación y construcción de las líneas de ferrocarril se está empleado a siete mil personas (Carbajal, 2021).

Para darle legitimidad social a la construcción de las obras, el gobierno de la 4T realizó un proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas para aprobar el CIIT mediante 21 asambleas regionales en Oaxaca y el sur de Veracruz con cerca de cinco mil participantes entre marzo y octubre del 2019. El resultado oficial de la consulta fue que el megaproyecto se aprobó por consenso en las asambleas. Sin embargo, el proceso fue cuestionado también por organizaciones sociales debido a los apresurados tiempos para la organización, se adoleció de información suficiente, no hubo mecanismos para asegurar la equidad de género y no se elaboraron materiales en lenguas indígenas (Candelas, 2019).

Las críticas de organizaciones sociales y comunitarias del Istmo3 se han centrado en las afectaciones que tendrá el Corredor al potenciar las actividades económicas y la instalación de industrias y fábricas en los diez polos de desarrollo y la ampliación de los puertos para aprovechar las facilidades en el traslado de mercancías, hidrocarburos y petroquímicos, que incluye el desarrollo de las concesiones mineras en el estado Oaxaca, lo que, en conjunto, provocará procesos de apropiación de tierras y territorios de los pueblos de la región (Geocomunes, 2020).

Finalmente, el Tren Maya resulta ser el proyecto más importante de infraestructura y de promoción de turismo de la 4T y atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo y Yucatán. La entidad encargada de promoverlo es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). En total, se calcula que la obra costará 150 mil millones de pesos para realizarse en cuatro años y tendrá 1,502 kilómetros de vías férreas, de los cuales 660 kilómetros corresponden a la antigua vía, que será modernizada y 842 kilómetros al nuevo trazo, que incluye 19 estaciones nuevas con polos de desarrollo (Fonatur, 2019).

El megaproyecto representa una apuesta para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico para la región, así como la generación de empleos, al potenciar la actividad turística, al facilitar el traslado de turistas hacia los principales destinos de playa, arqueológicos y coloniales del sureste mexicano. Además, el tren tiene como objetivo el transporte de carga de mercancías y combustibles, así como la producción agropecuaria y agroindustrial a los mercados nacionales y de exportación, desde los puestos de Progreso y Chetumal, así como el traslado de población local para los distintos centros de comercio y trabajo de la península, con los que se pretende transportar anualmente hasta 91 millones de turistas y pasajeros y 10 millones de toneladas de mercancías (Fonatur, 2019).

En el primer año de construcción (de junio 2020 a junio 2021) se tienen avances en cinco de los siete tramos que conforman al tren, lo que ha generado 67,128 mil empleos (Fonatur, 2021). Esto representa la actividad que más puestos laborales nuevos ha creado en el sureste en momentos que la severa crisis económica y de salud pública afectó al turismo en el Caribe Mexicano, pues la afluencia de paseantes registró una caída del 47% y la derrama económica disminuyó en 41.6% en el 2020 (Secretaría de Turismo, 2021).

La construcción del tren está renovando el interés de inversionistas por instalar hoteles, condominios y centros comerciales, que se refleja en que a principios del 2021 se mantenían más de 100 proyectos en el Caribe Mexicano (Secretaría de Turismo, 2021). Cabe resaltar el anuncio, en octubre del 2020, de la construcción del aeropuerto internacional de Tulum por parte del gobierno federal, que será un nuevo polo de transporte para el arribo de miles de turistas a la región.

En diciembre del 2019 el gobierno federal también organizó una consulta en la Península de Yucatán para conocer la opinión sobre la realización del Tren Maya, tanto a las comunidades y ejidos indígenas como a la población de los municipios afectados. Los resultados de las 15 asambleas regionales, en la que participaron 5,436 representantes, fue que aprobaron por consenso el megaproyecto, mientras en el sistema de consulta abierta por votación, 92.3% de los participantes aprobaron el Tren Maya (Fonatur, 2019).

Algunas organizaciones sociales, civiles y ambientales4 cuestionaron que en las asambleas asistieran mayoritariamente representantes agrarios, a los cuales se les dio información incompleta y sesgada, sin señalarles claramente los efectos negativos del proyecto, resaltando sólo los beneficios, además de otorgar tiempos muy cortos para el proceso (Varillas, 2019).

Por otra parte, académicos y organizaciones ambientalistas han insistido en que el Tren Maya tendrá varios efectos ecológicos, pues durante su construcción habrá modificaciones en suelos y el hábitat en las zonas que no tiene derechos de vía (15% del total del área del proyecto, sobre todo en los trazos que van desde Cancún-Bacalar-Escárcega). También hay riesgos por las afectaciones a las aves y animales por interrumpir su circulación natural dentro de sus ecosistemas al ser cortados por las vías de tren de alta velocidad. Pero la mayor preocupación son las afectaciones que sufrirá la Reserva de la Biosfera de Calakmul,5 por la cual atravesará la vía del ferrocarril y tendrá, además, una estación principal para que los turistas visiten la zona arqueológica de Calakmul que está en el centro de la reserva y en la que se calcula el arribo de dos millones de personas al año (Fonatur, 2019).

Discusión sobre las crisis, megaproyectos y prioridades

La pandemia de COVID-19 y sus repercusiones en las crisis múltiples que se expresaron durante el 2020, modificaron las condiciones en las que se planeó la construcción y desarrollo de los distintos megaproyectos en el sureste mexicano, pues las primeras medidas de salud pública suspendieron temporalmente las actividades laborales, educativas y sociales en todo el país, lo que puso en predicamento la pertinencia de ejercer grandes presupuestos públicos en obras de infraestructura mientras se expresaba una crisis sanitaria sin precedentes.

Ante el agravamiento de las crisis múltiples, el gobierno federal tomó acciones que dieron muestra de sus prioridades y estrategias, no sólo para enfrentar el incremento de los contagios sino para reactivar la economía. Ello se muestra en una serie de lineamientos y restricciones que fueron publicados en el DOF y que eran obligatorios en todo el territorio nacional.

Una de las medidas iniciales publicada 31 marzo 2020, además de mantener las limitaciones de movilidad y la aplicación de medidas sanitarias, fue establecer actividades esenciales que podían operar en el país, como los servicios públicos y de salud fundamentales para la continuidad de las formas mínimas de funcionamiento de la sociedad (DOF, 2020a). En este rubro también fueron incluidas la construcción de megaproyectos gubernamentales, puesto que se consideraron como programas públicos que no se podían suspender. También se permitió la producción y distribución de energía eléctrica, gas y gasolina, en la que se incluyó la extracción de hidrocarburos y su procesamiento.

El 6 de abril se definieron como actividades esenciales la producción y abastecimiento de insumos para la construcción de megaproyectos estratégicos del gobierno, así como para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (DOF, 2020b). Para mediados de mayo, se publicaron nuevas actividades como la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. Esto permitió mantener el abasto, la proveeduría y los servicios que se requerirían también en las obras gubernamentales.

De esta manera, las medidas gubernamentales para enfrentar la crisis pandémica afectaron el funcionamiento de la planta productiva, comercial, turística del país, cayendo la economía nacional a tasas de decrecimiento, sobre todo en el segundo trimestre del 2020, con una caída de 18.7% del Producto Interno Bruto, un desplome no visto desde la crisis económica y financiera del 1929 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [Inegi], 2020).

Este contexto de limitaciones fue una oportunidad para conocer las prioridades y orientación de las políticas neodesarrollistas de la 4T, pues se privilegió impulsar los mecanismos económicos basados en actividades extractivistas (hidrocarburos y minería) así como fortalecer la construcción de megaproyectos, en especial del sureste, por su carácter estratégico para la economía del país, ya que están destinados a fortalecer el traslado de mercancías, el turismo, la extracción y procesamiento de hidrocarburos y los agronegocios, ramas de la economía fundamentales para la reactivación productiva en el corto plazo.

En efecto, los megaproyectos en el sureste reflejan el posicionamiento de la 4T en varios aspectos. En su propuesta de soberanía energética, que se expresa en mayores inversiones por parte de la empresa estatal Pemex para mantener la extracción de petróleo y terminar la Refinería de Dos Bocas, que junto con las otras seis refinerías del país,6 permitirán alcanzar la autosuficiencia en gasolinas y combustóleos.

Un elemento esencial en la perspectiva neodesarrollista es la generación de empleos, situación que se remarcó en el discurso gubernamental en este periodo de crisis económica y laboral, por lo que en la construcción de las obras siempre se informa el número de empleos que tiene cada proyecto. La perspectiva es que una vez funcionando, la cantidad de empleos aumentará por instalación de nuevos desarrollos turísticos, así como empresas petroquímicas, maquiladoras y agroindustriales en los 29 polos de desarrollo del Corredor Interoceánico y en el Tren Maya.

Además, frente a las estrategias de los gobiernos neoliberales que concesionaban la construcción y operación de las obras a través de mecanismos de participación privada, ahora el gobierno de la 4T asume el financiamiento, control y gestión de cada uno de los megaproyectos, donde Pemex, Fonatur, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina tienen asignadas diversas responsabilidades en la construcción y administración.

Por último, la forma en cómo interviene el gobierno para apuntalar obras de infraestructura y extractiva en épocas de crisis, da muestra de la perspectiva de David Harvey (2007) sobre la espacialización del capital, pues a pesar de que los distintos megaproyectos se presentan de forma aislada, en realidad están integrados a los requerimientos territoriales del capital para facilitar la producción y circulación de mercancías, donde no sólo se vinculan el comercio interoceánico en el Istmo de Tehuantepec con el transporte de mercancías en el Tren Maya, sino se fortalece la extracción del petróleo, la refinación en Dos Bocas, la petroquímica en Coatzacoalcos y Salina Cruz, el turismo de enclave en el Caribe Mexicano, los agronegocios en la Península de Yucatán como expresiones regionales del funcionamiento del capital.

Conclusiones

En la medida que las crisis múltiples toman fuerza, la narrativa neodesarrollista del gobierno de la 4T insiste en que se están modificando partes esenciales del modelo neoliberal que fue implementado por los gobiernos anteriores, que privilegiaron la privatización y concesión de servicios públicos y bienes naturales, así como la corrupción como mecanismo de enriquecimiento de grupos empresariales y gubernamentales. El actual gobierno neodesarrollista ha modificado algunas de estas condiciones, en especial, cuando fortalece a empresas públicas estratégicas como Pemex y la realización de las grandes obras, destinando mayores recursos públicos y asumiendo desde el gobierno la gestión y administración de los proyectos.

En este sentido, la política de soberanía energética ha permitido mantener la extracción de petróleo y gas (que tenían un fuerte declive en los últimos años) e incrementar la producción de gasolinas, con lo que justifica la construcción de la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, se tienen cuestionamientos sobre esta política, sobre todo porque se está acentuando la dependencia del país en los hidrocarburos como fuente principal de energía para los próximos años.

La construcción de megaproyectos en el sureste ejemplifica la propuesta de las cortinas de desarrollo, sobre todo en tiempos de crisis económica y laboral, ya que estas obras representan una alternativa de contratación con más de cien mil empleos para la estancada economía del sureste, a pesar de que sean trabajos en su mayoría temporales. De forma adicional, está el protagonismo, control y financiamiento que tiene el gobierno y sus diferentes instancias gubernamentales (Fonatur para el Tren Maya, Pemex para Dos Bocas, Programas estratégicos para el CIIT), lo que da muestra de un neodesarrollismo basado en la modernización capitalista de vía gubernamental.

Sin embargo, la construcción de megaproyectos de la 4T tiene repercusiones en los mecanismos de despojo y extractivistas del modelo capitalista, puesto que las grandes obras fortalecen la dinámica productiva del sureste, con lo que se pretende reactivar el turismo de enclave en el Caribe Mexicano, el traslado y exportación de mercancías, la producción petroquímica, las agronegocios, entre otros. La expectativa por dicha reactivación impulsa nuevos proyectos y actividades, como el nuevo aeropuerto en Tulum, desarrollos turísticos en el sur de Quintana Roo, granjas porcinas en Yucatán, producción de soya transgénica en Campeche, instalaciones petroquímicas, fábricas y agroindustrias en el Istmo de Tehuantepec.

Este proceso coincide con los planteamientos de la geografía crítica sobre el papel de los megaproyectos en el funcionamiento del modelo económico y en los mecanismos de acumulación basados en el despojo y el extractivismo, que en la región sureste se expresan con una espacialización del capital que responde a los requerimientos de una globalización que aprovecha las condiciones de recursos, transporte e infraestructura para asegurar la producción y circulación de mercancías. Entre esos requerimientos están los terrenos y bienes naturales que poseen los pueblos y comunidades campesinas que se encuentran cercanas a las vías del ferrocarril, a los destinos turísticos, los polos de desarrollo, zonas de extracción de petróleo y agronegocios, emprendimientos que seguirán presionado para quedarse con los bienes de las comunidades.

Asimismo, la reactivación económica a partir de los megaproyectos fortalecerá el proceso general de metabolismo social como se subraya en la ecología política, al incrementar la extracción, transformación y el uso de materias primas, productos agropecuarios y combustibles, proceso que tiene una alta demanda de energía en el procesamiento industrial y en la agricultura intensiva, con un fuerte gasto energético en los traslados a los centros de consumo regional, nacional e internacional, lo que genera contaminantes y daña al ambiente.

Quedan líneas de investigación a futuro, sobre todo cuando empiecen a funcionar los megaproyectos, con lo cual se podrá analizar con mayor detalle las repercusiones que tienen las actividades extractivas de hidrocarburos en un escenario de limitaciones en la reservas de petróleo y de la dependencia hacia los combustibles fósiles, así como los efectos que tendrá la reactivación del turismo por el Tren Maya, sobre todo con nuevos desarrollos turísticos y los agronegocios que requieren de los terrenos campesinos para poder operar. De igual manera, la intensificación del comercio de mercancías en el Istmo podrá atraer nuevas industrias que aprovecharán las condiciones de las obras de infraestructura.

Notes

1

Los gobiernos de Evo Morales en Bolivia (2006–2019), de Rafael Correa en Ecuador (2007–2017), de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina (2003–2015), de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil (2003–2016), de Tabaré Vázquez (2005–2010) y José Mújica (2010–2015) en Uruguay, de Fernando Lugo en Paraguay (2008–2012).

2

El modelo neoliberal hace referencia a una serie de cambios estructurales y políticas económicas que flexibilizaron la libre circulación de mercancías y capitales en el mercado global, impulsando la privatización de los bienes y servicios públicos, la hegemonía de grandes empresas, así como limitaciones en la intervención del Estado.

3

Asamblea por la Defensa de la Tierra y el Territorio, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.

4

Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Asamblea de Defensores del Territorio Múuch’ Xíinbal, el Frente Peninsular por la Vida y la Selva.

5

Representa la mayor reserva natural del país por su biodiversidad y extensión (Sedatu, 2014).

6

De forma adicional, en mayo del 2021, Pemex compró la totalidad de las acciones de la refinería Deer Park en Texas, Estado Unidos, que utilizará para procesar petróleo mexicano y mandar la gasolina a nuestro país (García, 2021).

Referencias

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Contributor Notes

CARLOS A. RODRíGUEZ WALLENIUS Profesor investigador de Departamento de Producción Económica la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco. Docente del posgrado en desarrollo rural, de la maestría en sociedades sustentables y de la licenciatura en economía. Doctor en ciencias sociales y maestro en desarrollo rural por la UAM-Xochimilco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Integrante del Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural (Clacso), de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Autor de varios libros y artículos en revistas y libros sobre movimientos sociales, defensa comunitaria del territorio y alternativas al desarrollo. email: carlosrow@gmail.com ORCID_ID: https://orcid.org/0000-0001-5987-7470

Regions and Cohesion

Regiones y Cohesión / Régions et Cohésion

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