México y la implementación del ODS-7 de la Agenda 2030

in Regions and Cohesion
Author:
Irvin Evany Aguilar LeónPhD Canidate, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico irvin_evany@hotmail.com

Search for other papers by Irvin Evany Aguilar León in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close

Abstract

The 2030 Agenda, established seven years ago, still has not being implemented by most of the signed countries. Due to its breadth, implementation becomes a complex process since it is necessary to find coherence with national policies. Of the 17 SDGs, the UN declared that SDG-7, referring to affordable and clean energy, is central. For countries dependent on fossil fuels or without technology to take advantage of renewable sources, the application of SDG-7 to their energy policies is posing challenges. This article analyzes the normative coherence in Mexico of the SDG-7 goals regarding their progress and the energy and development policy during the 2015–2022 period as a representative case for the theoretical and empirical discussion on the energy-development relationship.

Resumen

La Agenda 2030, establecida hace siete años, todavía no ha sido implementada por la mayoría de los países firmantes. Debido a su amplitud, la implementación se convierte en un proceso complejo, ya que se requiere encontrar la coherencia con políticas nacionales. De los 17 ODS, la ONU declaró que el ODS-7, referente a energía asequible y no contaminante, es central. Para países dependientes a energéticos fósiles o sin tecnología para aprovechar fuentes renovables, la aplicación del ODS-7 a sus políticas energéticas está suponiendo desafíos. El presente artículo analiza la coherencia normativa en México de las metas del ODS-7 respecto a su avance y la política de seguridad energética y desarrollo durante el periodo 2015–2022 como un caso representativo para la discusión teórica y empírica sobre la relación energía-desarrollo.

Résumé

L’Agenda 2030, établi il y a sept ans, n’a pas encore été mis en œuvre par la plupart des pays signataires. En raison de son ampleur, la mise en œuvre devient un processus complexe, car il est nécessaire de trouver une cohérence avec les politiques nationales. Parmi les 17 ODD, l’ONU a déclaré que l’ODD-7, qui fait référence à une énergie abordable et propre, est central. Pour les pays dépendants des combustibles fossiles ou sans technologie susceptible de tirer parti des sources renouvelables, l’application de l’ODD-7 à leurs politiques énergétiques pose des défis. Cet article analyse la cohérence normative des objectifs de l’ODD-7 concernant leur progression et la politique énergétique et de développement au cours de la période 2015-2022 au Mexique comme un cas représentatif de la discussion théorique et empirique sur la relation énergie-développement.

La seguridad energética es compleja porque implica la provisión universal de energía (acceso para todos), al mismo tiempo que promueve energías seguras y limpias que mitigan el cambio climático y promueven la sostenibilidad. Esto se plasma en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS-7) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfocado a la energía asequible y no contaminante. Por esta razón, es importante comprender la naturaleza de la relación entre energía y desarrollo sostenible, sobre todo en un país como México que promueve la energía de combustibles fósiles, en un momento donde la crisis del cambio climático ha tomado un carácter multi-sistémico.

La razón por la que elegí el ODS-7 es la centralidad de dicho objetivo en el cumplimiento de los demás ODS que integran la Agenda 2030 y por las múltiples y complejas conexiones que guarda la energía, esta centralidad ha sido reconocida por la ONU a través de la iniciativa “Energía Sostenible para Todos1” donde señala que:

El Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus cinco metas correspondientes constituyen el núcleo central de los 17 ODS. Si no cumplimos el Objetivo relativo a la energía, será extremadamente difícil proporcionar acceso a una atención sanitaria o a una educación de calidad, conseguir la igualdad de género, generar empleo y crecimiento, garantizar un consumo sostenible o luchar de forma efectiva contra el cambio climático que amenaza con socavar el logro de todos los objetivos. El ODS 7 es fundamental para prácticamente todos los aspectos del desarrollo y, por esa razón, el éxito en su consecución deberá concentrarse en las fases iniciales; necesitamos alcanzar sus metas mucho antes de 2030 para garantizar las condiciones que permitan progresar en el logro de otros objetivos. (ONU, 2021)

A su vez, este estudio se enfoca también en la coherencia de la política de seguridad energética y desarrollo en México durante el periodo 2015–2022 y las metas del ODS-7, guiado por la pregunta ¿cuán normativamente coherente es el avance de la implementación y la política de seguridad energética y desarrollo de México respecto a las metas establecidas en el ODS-7 de la Agenda 2030 de la ONU?

Este artículo contribuye a la discusión sobre la emergencia de la energía sostenible en países donde prevalece una alta dependencia hacia las fuentes de energía fósiles, y que también están expuestos a la amenaza latente del cambio climático. Es decir, países que se ven enfrentados a la dicotomía entre definir una política de seguridad energética hacia fuentes de origen fósil o fuentes de origen renovable.

Por otra parte, el estudio también contribuye a la discusión sobre la Coherencia Normativa para el Desarrollo Sostenible (CNDS) entre una política de carácter normativo-global y una política nacional.

El artículo se estructura de la siguiente manera, posterior a la introducción está la sección metodológica, en la tercera sección la revisión de la bibliografía sobre las múltiples implicaciones de la energía respecto a la implementación del ODS-7 y la definición de seguridad energética nacional resaltando dos implicaciones; energía y desarrollo y energía y seguridad. La cuarta sección aborda el concepto sobre CNDS y su relevancia para analizar la implementación del ODS-7 en México. La quinta sección presenta un análisis de actores y su incidencia en el proceso de implementación del ODS-7 y la política de transición energética en México. Finalmente, se dictan algunas conclusiones relevantes.

Metodología

México es considerado un caso crítico para un estudio de CNDS sobre seguridad energética y la implementación del ODS-7 por dos razones. Primero, México está formalmente comprometido con la coherencia para el desarrollo sostenible a través de sus compromisos internacionales. El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Previamente, en 1991, la Reunión de Alto Nivel del Comité de Ayuda al Desarrollo pidió una mayor coherencia en la política de los países industrializados frente a los países en desarrollo. Al ser miembro de la OCDE, México se ha ido comprometiendo con este enfoque de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) y su sucesora, la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS). Esta última emergió en el contexto de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente en la meta 17.14 enfocada en la gobernanza de las asociaciones de sostenibilidad para el logro de los ODS. Como resultado, y de acuerdo con los Sustainable Governance Indicators (SGIs) (SGI, 2021), México es considerado un actor internacional líder en política ambiental y signatario de un gran número de acuerdos internacionales en materia de sustentabilidad.

A su vez, también se posiciona como un socio comercial líder al haber firmado más de 12 acuerdos de libre comercio, entre los que destaca la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, este apabullante liderazgo por parte de México parece contradictorio, en el sentido de que el liderazgo en acuerdos de política ambiental y acuerdos en materia de sustentabilidad, se contrapone con su participación en el T-MEC y su predecesor TLCAN, ya que junto con Estados Unidos y Canadá, han integrado un bloque comercial con elevadas emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial, lo cual muestra que en la región existe un uso intensivo de combustibles de origen fósil. De hecho, la política de seguridad energética de México, tanto nacional como regional, ha sido ambivalente, pero se intuye que en el fondo responde a una alta dependencia del país y la región hacia las fuentes de energía fósiles y la exportación e importación de sus derivados.

En términos de recopilación de datos, este artículo se basa en la identificación y el análisis de documentos clave (leyes, informes y tratados) relacionados con la política de seguridad energética y desarrollo de México (ver Tabla 1).

Tabla 1 •

Recolección de leyes, informes y tratados relevantes para el análisis de la coherencia normativa del ODS-7 en México a partir de su escala de incidencia

Escala Documento
Informes ODS nacional-global Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de los ODS en México 2016

Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de los ODS en México 2018

Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de los ODS en México 2021
Acuerdos regionales Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Acuerdo de Cooperación Ambiental en América del Norte (ACAAN)

Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA)
Documentos Nacionales Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018

Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ley de Hidrocarburos

Ley de la Industria Eléctrica

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética

Ley de Transición Energética

Fuente: elaboración propia

Respecto al análisis de datos, este estudio operacionaliza la CNDS a través de la presencia o ausencia de alineación entre textos nacionales y metas del ODS-7. Específicamente, examina los términos clave en los documentos de política nacional y los compara con las metas del ODS-7: (1) Meta 7.1 Acceso a energía para todos (sostenibilidad social); (2) Meta 7.2 Mitigación del cambio climático y energía renovable (sostenibilidad ambiental); y (3) Meta 7.3, 7.a y 7.b Eficiencia energética e innovación tecnológica (sostenibilidad económica). Este análisis se explica a detalle en la sección cuatro.

Revisión de la literatura: la energía y sus múltiples implicaciones en la implementación del ODS-7 y la definición de la política de seguridad energética nacional

La energía es esencial para el desarrollo humano y los sistemas energéticos son un punto de entrada fundamental para hacer frente a los desafíos mundiales más apremiantes del siglo XXI, incluidos el desarrollo económico y social sostenible, fin de la pobreza, seguridad alimentaria y energética, servicios de salud equitativos, protección del clima, conservación de ecosistemas y paz. Sin embargo, después de poco más de dos décadas del siglo XXI, los sistemas energéticos actuales muestran que no están a la altura de estos desafíos.

A principios del siglo XXI, alrededor del 78% de la energía mundial se basaba en fuentes de energía fósil que proporcionaban servicios energéticos abundantes y cada vez más baratos a más de la mitad de la población mundial (Johansson et al., 2012), este aumento de la dependencia hacia las fuentes de energía fósiles continuó hasta finales de la segunda década del siglo XXI, ya que de acuerdo al reporte de 2019 de British Petroleum los combustibles fósiles aún representan el 84% del consumo mundial de energía primaria (British Petroleum, 2019).

Sin embargo, a pesar de este rápido aumento en el uso general de energía, tres mil millones de personas, el 40% de los habitantes del planeta, todavía dependen de combustibles sólidos como la biomasa tradicional, los desechos, el carbón vegetal y el carbón para cocinar y calentar el hogar, la contaminación del aire resultante provoca más de dos millones de muertes prematuras al año, en su mayoría mujeres y niños. Además, aproximadamente el 13% de la población mundial no tiene acceso a electricidad y sólo el 17.5% de la energía que se consume en el mundo es de fuentes de energía renovables (Planelles & Delgado, 2018).

Abordar estos desafíos energéticos es esencial para evitar un futuro con altos costos económicos y sociales e impactos ambientales adversos en todas las escalas. En este sentido, el ODS-7 de la Agenda 2030, se ha planteado como una política de carácter normativo para todos los miembros de la ONU que ratificaron dicha agenda, la cual busca hacer frente a todos los desafíos energéticos antes mencionados a través de cinco metas (ONU, 2015):

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

Sin embargo, debido a las múltiples implicaciones e interconexiones que guarda la energía, la transformación del sistema energético actual hacia un sistema con una mayor participación de fuentes de energía renovable en la producción mundial de energía tal como lo prevé el ODS-7, será un proceso complejo.

Por un lado, debido al predominio de fuentes de energía fósiles y al número reducido de países que las poseen, se caracterizará por marcados conflictos de intereses (Yeager et al., 2012). Asimismo, existe la posibilidad de que el cambio transformador en el sistema energético global tienda a estancarse en algunas regiones; debido a la inercia institucional, la incumbencia y la falta de capacidad y agilidad de los gobiernos nacionales para responder con eficacia a las condiciones cambiantes (Johansson et al., 2012). A pesar de existir múltiples implicaciones en torno a la energía, para los intereses del presente artículo que toma como objeto de estudio el ODS-7 y como caso de estudio la coherencia de sus metas e indicadores respecto a los avances de su implementación y los elementos de la política de seguridad energética y desarrollo en México durante el periodo 2015–2022, es de suma importancia ahondar en por lo menos dos implicaciones específicas, la relación entre energía y desarrollo y la relación entre energía y seguridad.

Energía y desarrollo

Según organizaciones internacionales importantes (Banco Mundial, 2011), el crecimiento económico es un requisito previo y esencial para superar la pobreza y ningún país ha logrado un crecimiento económico sostenido sin mejorar sus servicios energéticos y garantizar los servicios que proporcionan (Banco Mundial, 2011). Los países con los niveles más altos de pobreza y subempleo tienden a ser aquellos que también carecen de acceso a niveles adecuados de servicios energéticos y las comodidades modernas que brindan. Esto es más pronunciado en África y el sur de Asia, donde es mayor el número de personas que dependen de la biomasa tradicional para calentarse y cocinar y que carecen de acceso a la electricidad (Vivien & Briceño-Garmendia, 2010).

La falta de acceso a servicios energéticos, no es una condición sine qua non de los países con los niveles más altos de pobreza, si bien las condiciones son más extremas, con las nuevas clasificaciones emitidas por el Banco Mundial que ahora agrupan a los países en países de ingresos bajos, medios y altos, también existen grupos poblacionales dentro de los países de ingresos medios y altos que no disponen de servicios energéticos en formas de energía más limpias y modernas (Karekezi et al., 2012).

Existe una relación bidireccional generalizada entre la falta de acceso a servicios energéticos adecuados y asequibles y la pobreza. La relación es, en muchos aspectos, un círculo vicioso en el que las personas que carecen de acceso a una energía más limpia y asequible quedan atrapadas en un procesos reforzado de privaciones, ingresos más bajos y los medios para mejorar sus condiciones de vida mientras que al mismo tiempo utilizan cantidades significativas de sus muy limitados ingresos en formas de energía caras e insalubres que brindan servicios deficientes y/o inseguros.

Por tanto, es evidente que el acceso a opciones energéticas más limpias y asequibles es esencial para promover el crecimiento económico y las oportunidades de empleo, apoyar la prestación de servicios sociales y, en general, promover el desarrollo humano sostenible. También es un insumo esencial para lograr no sólo el ODS-7 sino la mayoría de los ODS de la Agenda 2030, hay que recordar la centralidad que la ONU ha reconocido en el ODS-7 para el logro de los demás ODS.

El vínculo entre la energía y la pobreza queda demostrado a través de las condiciones que prevalecen en la actualidad, ya que tres mil millones de personas, el 40% de los habitantes del planeta, todavía dependen de combustibles sólidos como la biomasa tradicional y el 13% de la población mundial no tiene acceso a la electricidad (Planelles & Delgado, 2018).

El acceso al suministro de electricidad (tanto en red como fuera de ella) en muchos países de ingresos bajos es un servicio casi exclusivo del que ciertos grupos poblacionales disfrutan en las zonas urbanas. Incluso después de dos décadas de reformas del sector energético, los indicadores iniciales de una amplia gama de países de ingresos bajos muestran que pocas de las iniciativas han resultado en una mejora significativa en el suministro de electricidad a las personas en condición de pobreza.

De acuerdo con Kumarage (2007), las experiencias en los países de bajos ingresos apuntan a una conclusión general: cuando se introdujeron reformas en el sector eléctrico con la única intención de mejorar el desempeño de los servicios públicos, los beneficios sociales esperados no necesariamente se obtuvieron. Donde los gobiernos mantuvieron un papel como instigadores o al menos reguladores de “un mejor acceso” a la electricidad para las personas en condición de pobreza, las tarifas para los hogares pobres tendieron a aumentar y los niveles y tasas de electrificación tendieron a disminuir. En el marco del ODS-7, la búsqueda continua de soluciones beneficiosas para que la mayoría de la población mundial llegue a depender completamente de las energías renovables también debe dar prioridad a la superación de la injusticia social y las condiciones de desigualdad que afianzan la pobreza y reproducen el subdesarrollo en los grupos sociales más desfavorecidos.

Karekezi et al., (2012) sugieren que, sin pretensiones de socavar el ODS-7, en el corto plazo los combustibles fósiles más limpios, como el gas licuado de petróleo (GLP), combinados con dispositivos de uso final más eficientes y de bajo costo, como las estufas de GLP, ayudarían a reducir barreras sociales, económicas y ambientales en los grupos más pobres de los países de bajos ingresos. Si bien esta solución aborda las injusticias sociales, no aborda el cambio climático. Esto muestra que más que una implicación, la discusión entre energía y desarrollo es necesaria para el establecimiento de una mayor coherencia del proceso de implementación de las metas e indicadores del ODS-7 en las políticas nacionales.

Energía y seguridad

A lo largo de la historia, la seguridad energética se ha visto como una protección contra las interrupciones de los sistemas energéticos esenciales. La noción de “sistemas de energía esenciales” evolucionó a partir del suministro de petróleo con fines militares para abarcar diversas fuentes de energía, infraestructura y sectores de uso final (Cherp et al., 2012).

La idea de “protección contra interrupciones” también ha evolucionado desde asegurar el control militar o político sobre los recursos energéticos hasta establecer políticas y medidas complejas para gestionar estratégicamente los riesgos que afectan a todos los elementos de los sistemas energéticos (Cherp et al., 2012).

Actualmente, el debate sobre la seguridad energética es una mezcla de muchas preocupaciones, ya que “en un segundo plano, pero no muy lejano, está la ansiedad sobre si habrá recursos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas del mundo en las próximas décadas” (Yerguin, 2006). Las preocupaciones más inmediatas incluyen precios del petróleo altos y volátiles, especialmente escabrosos para los países de bajos ingresos; el “pico” pronosticado de la producción de petróleo convencional aparentemente por debajo de la creciente demanda, la creciente concentración geográfica de los recursos convencionales de petróleo y gas en unos pocos países y regiones, el cambio de la demanda de petróleo a India y China y el miedo a las tensiones y conflictos a medida que los consumidores nuevos y antiguos “luchan” por los recursos restantes, cada vez más concentrados.

Las preocupaciones actuales sobre seguridad energética también incluyen los conflictos recientes sobre las entregas de gas natural ruso a Europa del Este y los temores sobre la dependencia excesiva de algunos países europeos en un número muy limitado de opciones de suministro de energía y lo cual se refleja en la actual guerra que sostiene Rusia contra Ucrania.

A la luz de los ataques terroristas de septiembre de 2001 y la interrupción provocada por el huracán Katrina en 2005 y el terremoto en Japón en 2011, muestran que también existen serias preocupaciones sobre la vulnerabilidad de la infraestructura energética ante ataques terroristas o eventos naturales extremos. Además, las preocupaciones sobre la seguridad energética ahora están estrechamente entrelazadas con otros problemas energéticos críticos, en particular el acceso a la energía y los impactos climáticos de los sistemas energéticos.

Aunque es posible discutir la seguridad energética en diferentes esferas sociales y otros niveles, la mayoría de las preocupaciones políticas y la investigación académica se refieren a la seguridad energética de los países de manera individual. Esto debido a que los estados-nación tienen una responsabilidad histórica por la seguridad, los sistemas energéticos nacionales brindan unidades apropiadas de análisis de riesgos y vulnerabilidades clave, y la mayoría de las intervenciones políticas para mantener la seguridad energética ocurren a nivel nacional (Cherp et al., 2012). El análisis de la seguridad energética en la literatura académica reconoce que su significado varía de un país o un contexto a otro. Por lo tanto, las definiciones universales de seguridad energética se intentan con menos frecuencia que las discusiones contextualizadas de sus diversos aspectos o dimensiones.

Una de las definiciones citadas con más frecuencia es la “disponibilidad de suministros suficientes a precios asequibles” sugerida por Yergin (2006). Precedido por la definición de seguridad energética de la Comisión Europea (2000) como la “disponibilidad física ininterrumpida en el mercado de productos energéticos a un precio asequible para todos los consumidores”.

Estas definiciones contienen nociones de “disponibilidad”, “suficiencia”, “asequibilidad”, “bienestar”, “suministros” e “interrupciones”, que están abiertas a amplias interpretaciones. Por ejemplo, Yergin (2006) analiza el significado diferente de la seguridad energética, dentro de su definición dada, para países diferentes. Este concepto de variabilidad de la noción de seguridad energética también es enfatizado por Müller-Kraenner (2008), Kruyt et al. (2009) y Chester (2010).

Con respecto a las características de los sistemas energéticos que están asociadas a su seguridad, diversos estudios proponen y discuten diferentes dimensiones de la seguridad energética. La discusión más simple utiliza dos dimensiones de la seguridad energética: las dimensiones “física” y “económica” (Gupta, 2008; Kendell, 1998). Otra taxonomía comúnmente utilizada es la de las 4-A, o: “disponibilidad” (disponibilidad física de los recursos), “accesibilidad” (aspectos geopolíticos asociados con el acceso a los recursos), “asequibilidad” (costos económicos de la energía) y “aceptabilidad” (aspectos sociales y, a menudo, ambientales de la administración de la energía) (Kruyt et al., 2009).

De acuerdo con el modelo de análisis que he propuesto y la pregunta que guía el presente estudio retomo las definiciones de seguridad energética incluidas en el ODS-7. En este sentido, el análisis integra una definición amplia y estudia la coherencia normativa hacia acceso, mitigación de cambio climático y eficiencia energética.

Sección conceptual: coherencia normativa para el desarrollo sostenible y su relevancia para la implementación del ODS-7

En este artículo tomo como marco conceptual la CNDS con el cual busco sustentar un análisis sobre la coherencia normativa de las metas del ODS-7 y su implementación o alineación en el marco jurídico y contextual de la política de seguridad energética y desarrollo en México durante el periodo 2015–2022.

Antes de precisar la dimensión de normatividad y establecer su conexión y relevancia con el presente estudio, es necesario dar cuenta de la génesis y los primeros desenvolvimientos conceptuales de la CPD. La CNDS nace de la literatura sobre CPD que surge en la década de 1990, en el seno de organizaciones internacionales como la OCDE y la Unión Europea (UE). CPD intentó promover el desarrollo sostenible durante este período, pero se implementó como una herramienta técnica a expensas del cambio normativo. Por esta razón, se reemplazó en los ODS por la CPDS, que promueve enfoques de “todo el gobierno” para el desarrollo sostenible y como tal, ocupa un papel central en las agendas globales de desarrollo sostenible (Graham & Graham, 2019), ya que en teoría comparten el mismo enfoque (Perekrestova, 2022).

Pese a la introducción de estas nuevas aproximaciones, en la CPD seguía prevaleciendo un sesgo “Norteño” para actuar, ya no sólo en la erradicación de la pobreza mundial, sino ahora con una serie de nuevos desafíos globales para el desarrollo, como el cambio climático, que se fue configurando como una crisis multi-sistémica hacia principios de la primera década del siglo XXI.

Sin embargo, esta nueva comprensión de CPD, no está del todo clara, ya que parece seguir sustentando una definición técnico-institucional del concepto, en el sentido de la centralidad y experiencia que resalta la OCDE en su llamada “reforma institucional” y “redefinición conceptual”. Por lo tanto, este nuevo enfoque de CPDS parece no compartir el mismo enfoque de desarrollo sostenible que subyace en la Agenda 2030, por lo que difícilmente podrá ser entendida fuera del contexto de la OCDE o de la UE.

Lo anterior, genera un verdadero compromiso de reflexión para la academia, sobre cómo abandonar esta comprensión meramente técnica de CPD/CPDS y buscar una comprensión que de verdad apoye al “desarrollo transformador” al que hace énfasis la Agenda 2030 y su compromiso irrestricto de “no dejar a nadie atrás” (ONU, 2015).

Bajo estas reflexiones surge la dimensión de la normatividad en los estudios de CPD/CPDS, nombrada como CNDS. Básicamente, la idea de coherencia normativa de acuerdo a Siitonen (2022) es proporcionar un medio para trascender la comprensión técnica de CPD/CPDS como sólo un dispositivo administrativo y político de los países donantes y así enmarcar la discusión sobre la coherencia de las políticas en torno a cuestiones normativas. Por lo cual, la CNDS tiene su origen en el debate académico y opera a nivel conceptual (Berger, 2022) como una nueva etapa de reflexión sobre CPD/CPDS y que es oportuna (Koff & Häbel, 2022).

La dimensión de normatividad en los estudios de CPD/CPDS comenzó a ganar una mayor estructura a partir de los trabajos de Siitonen (2016), Koff y Maganda (2016), Koff (2017) y Häbel (2018). Pero particularmente, la reflexión de Koff y Häbel (2022) ha capturado claramente la dimensión de normatividad en el marco de la Agenda 2030. Para validar la dimensión de normatividad de acuerdo a Koff y Häbel (2022) hay que tener en cuenta tres aspectos:

  1. 1.La Agenda 2030 y sus 17 ODS han sido presentados por la ONU y demás organismos internacionales como una nueva fase de desarrollo, cuyas metas e indicadores son apropiadas para lograr un desarrollo sostenible para todos.
  2. 2.La Agenda 2030 y sus 17 ODS exigen un desarrollo transformador basado en normas internacionales, como los derechos humanos, el estado de derecho, la igualdad de género, etc., que en una etapa anterior habían estado en segundo plano o disociados del modelo de desarrollo imperante.
  3. 3.Las normas a menudo se consideran compromisos retóricos en lugar de herramientas políticas para el cambio transformador, lo que lleva a una implementación ineficaz o insuficiente de las normas como parte integral de las políticas de desarrollo y no desarrollo.

En este sentido, el enfoque de desarrollo sostenible que subyace en la Agenda 2030 debe implicar una dimensión normativa del desarrollo y tanto el enfoque como dicha dimensión debe ser compartida por otros actores que participan en la implementación de dicha agenda. Sin una dimensión normativa, el desarrollo transformador que sustenta la Agenda 2030 corre el riesgo de reproducir el desarrollo económico tradicional (Koff & Häbel, 2021) y socavar el cumplimiento de los 17 ODS debido a su naturaleza interrelacionada.

Recientemente, la línea de investigación de la CNDS se fortalece con estudios teórico-empíricos que abandonan de su centro de análisis el contexto prominente de la UE como el trabajo de Kauffer y Maganda (2022) sobre la adopción de normas globales del agua en Centroamérica y en el cual cuestionan ¿qué separa la coherencia normativa de la hegemonía normativa?, el de Graham y Graham (2022) sobre la CNDS de la calidad de los derechos y libertades civiles en cinco de los llamados Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de África, y el de Perekrestova (2022) que se aventura en un análisis sobre la coherencia normativa en un caso de estudio local sobre emprendimiento social y empoderamiento de las mujeres en Myanmar, este caso es importante, ya que a su vez, la autora reflexiona sobre la adopción de normas globales como el ODS-5, referente a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y lo discute en el contexto sub-nacional y nacional.

Los trabajos antes citados, son fuente de sustento y pertinencia para la presente investigación, ya que en primer lugar, mi caso de estudio tampoco se sitúa en el contexto de la UE. Además que, al plantear un análisis sobre la coherencia de las metas del ODS-7 que se refieren a cuestiones sobre sustentabilidad energética (aspecto sumamente normativo) en el marco jurídico y contextual de la política de seguridad energética y desarrollo de México durante un periodo específico, se está enriqueciendo una nueva área de la de la CNDS que pone en discusión preguntas relevantes cómo ¿transiciones energéticas a gran escala pero a qué costos económicos, sociales y ambientales?

Análisis de la coherencia normativa del ODS-7 en México por escala de incidencia

Como indiqué anteriormente, la CNDS se identifica a través de la alineación de las políticas nacionales con las normas internacionales de sostenibilidad (Koff et al., 2021). El análisis que presento en esta sección examina el alineamiento de la política de seguridad energética y desarrollo mexicanas con la seguridad energética sostenible según lo definido por el ODS-7.

La investigación empírica que muestro se enfoca en tres tipos de documentos oficiales: (1) informes del progreso de México hacia el logro de las metas ODS-7; (2) tratados regionales de comercio y energía que impactan la política de seguridad energética nacional; y (3) leyes energéticas nacionales y programas nacionales de desarrollo que definen la política de seguridad energética y desarrollo en la práctica. Cada uno de estos grupos de documentos se analiza en las tablas siguientes (Tablas 24).

Tabla 2 •

Coherencia normativa del ODS-7 en la escala nacional-global

Documento Metas del ODS-7 y dimensión del desarrollo sostenible al que corresponden
Meta 7.1 Acceso a energía para todos (social) Meta 7.2 Mitigación del cambio climático y energía renovable (ambiental) Meta 7.3, 7.a y 7.b Eficiencia energética einnovación tecnológica (económica) Total
Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de los ODS en México 2016 + –1
Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de los ODS en México 2018 –3
Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de los ODS en México 2021 –3
Total –3 –1 –3 –7

Fuente: elaboración propia

Tabla 3 •

Coherencia normativa del ODS-7 en la escala regional

Documento Metas del ODS-7 y dimensión del desarrollo sostenible al que corresponden
Meta 7.1 Acceso a energía para todos (social) Meta 7.2 Mitigación del cambio climático y energía renovable (ambiental) Meta 7.3, 7.a y 7.b Eficiencia energética e innovación tecnológica (económica) Total
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –3
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) + –1
Acuerdo de Cooperación Ambiental en América del Norte (ACAAN) –3
Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (ACA) –3
Total –4 –4 –2 –10

Fuente: elaboración propia

Tabla 4 •

Coherencia normativa del ODS-7 en la escala nacional

Documento Metas del ODS-7 y dimensión del desarrollo sostenible al que corresponden
Meta 7.1 Acceso a energía para todos (social) Meta 7.2 Mitigación del cambio climático y energía renovable (ambiental) Meta 7.3, 7.a y 7.b Eficiencia energética e innovación tecnológica (económica) Total
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013–2018 + + +1
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019–2024 –3
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) –3
Ley de Hidrocarburos (LH) –3
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) –3
Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) + + +1
Ley de Transición Energética (LTE) + + +1
Total –7 –1 –1 –9

Fuente: elaboración propia

El diseño de cada tabla consiste en: de lado de la columna superior izquierda coloqué los nombres de los documentos recabados. Mientras que en la fila superior agregué las cinco metas que propone el ODS-7 asignando un nombre genérico compuesto por varias palabras clave: (1) Meta 7.1 Acceso a energía para todos (social); (2) Meta 7.2 Mitigación del cambio climático y energía renovable (ambiental); y (3) Meta 7.3, 7.a y 7.b Eficiencia energética e innovación tecnológica (económica). Entre paréntesis puse la dimensión a la que cada una de estas metas representa (social, económica y ambiental) y las cuales corresponden al enfoque de desarrollo sostenible que representa la Agenda 2030 y lo cual permite establecer la coherencia normativa.

Una vez elaboradas estas tablas procedí a revisar cada uno de los documentos recabados, para ello coloqué en el buscador del formato en el que se encentraba el documento (PDF o WORD), cada uno de los nombres genéricos o palabras clave que representan las metas del ODS-7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.a y 7.b) y las dimensiones del desarrollo sostenible que representan (social, ambiental y económica). Por ejemplo, si en la primera meta aparecía “acceso a energía para todos” en el documento que se estaba revisando, le asigné un valor positivo (+) que representa coherencia normativa. Si en el caso de la segunda meta no aparecía nada referente a la “mitigación del cambio climático” o “energía renovable” le asigné un valor negativo (-) que representa una incoherencia normativa. Al final (última columna) sumé cada uno de estos valores, los totales permitieron establecer ya sea una coherencia normativa positiva (+) o una coherencia normativa negativa (-) según hubiese sido el caso.

En los tres Informes Nacionales Voluntarios (INV) (2016, 2018, 2021) la búsqueda bajo los códigos de “energía para todos” o “energía universal” correspondientes a la meta 7.1 no arroja ningún resultado. Sólo al ingresar la palabra “energía” observé un mayor número de palabras las cuales oscilan de 20 a 30 en los tres informes, sin embargo, lo califiqué como negativo ya que como se trata de la dimensión social las palabras para “todos” o “universal” son sumamente importantes.

Respecto a la meta 7.2 que se refiere a la dimensión ambiental a través de los códigos “mitigación del cambio climático” y “energía renovable” , sólo el INV de 2016 obtuvo un mayor número de representaciones, específicamente del código de “mitigación del cambio climático”, lo califiqué como positivo, ya que dicho código aparecía en apartados como la introducción, los avances, mientras en los otros INV (2018 y 2021) los escasos códigos (1 o 2) aparecía en la parte donde se describen las metas que integran el ODS-7.

En las metas 7.3, 7.a y 7.b ninguno de los INV (2016, 2018 y 2021) presentaron alguno de los códigos propuestos para la dimensión económica tales como “eficiencia energética”, “innovación tecnológica” o “innovación energética”. Si se busca sólo “eficiencia” o “innovación” sí aparecen varias veces, pero corresponden a otros ODS.

En la meta 7.1 del TLCAN no aparece ninguna coincidencia con los códigos planteados (“acceso a energía para todos” o “energía universal”) para la dimensión social de desarrollo sostenible. Existen 54 coincidencia para energía, sin embargo, dicha coincidencia se menciona para referirse en su mayoría a sólo “producción de energía” o aspectos técnicos como “energía” y “petroquímica”. Por su parte en la meta 7.2 no existe ninguna coincidencia para los códigos disponibles “mitigación del cambio climático” y “energía renovable”, tampoco sí sólo se realiza la búsqueda con “cambio climático”. Finalmente para las metas 7.3, 7.a y 7.b tampoco existe ninguna coincidencia para los códigos “eficiencia energética”, “innovación tecnológica” o “innovación energética”, la palabra “innovación” sólo aparece dos veces y “eficiencia” cinco veces.

En el marco del T-MEC en lo referente a la meta 7.2 que representa la dimensión social, no localicé ninguno de los códigos propuestos (“acceso a energía para todos” o “energía universal”) de las más de 1,500 páginas que integran el T-MEC la palabra “energía” sólo apareció 35 veces, pero se refiere a aspectos técnicos como producción o para referirse a secretarías de gobierno. En la meta 7.2 tampoco identifiqué ninguno de los códigos propuestos para la dimensión ambiental y dicha meta (“mitigación del cambio climático” y “energía renovable”) en el caso del código “energía renovable”, sí aparece dos veces pero en una tabla referente a la lista arancelaria de México. Finalmente en la meta 7.3, 7.a y 7.b, el código “eficiencia energética” aparece siete veces e “innovación tecnológica” dos veces, lo cual muestra el sesgo económico del T-MEC, sin embargo, la coherencia normativa en el marco del ODS-7 es negativa porque la dimensión ambiental y social son negativas.

En cuanto al ACAAN, en la meta 7.1 referente a la dimensión social, no aparece ninguno de los códigos propuestos (“acceso a energía para todos” o “energía universal”), tampoco aparece la palabra “energía”. En la meta 7.2, pese a ser un acuerdo ambiental, tampoco existe ninguna coincidencia con los códigos propuestos para la dimensión ambiental. Finalmente, en las metas 7.3, 7.a y 7.b tampoco aparece ninguno de los códigos propuestos para la dimensión ambiental (“eficiencia energética” e “innovación tecnológica”), sólo aparece dos veces “innovación” y dos veces “tecnología” apoyada de la palabra “desarrollo de”. Sin embargo, su evaluación es negativa porque no responde a los códigos establecidos para dicha dimensión.

En el caso del ACA, la meta 7.1 referente a la dimensión social, no aparece ninguno de los códigos propuestos (“acceso energía para todos” o “energía universal”) tampoco aparece la palabra “energía”. En la meta 7.2 que representa la dimensión ambiental, de igual manera pese a ser un acuerdo ambiental y una renovación del acuerdo anterior, tampoco existe ninguno de los códigos propuestos para dicha dimensión, tampoco aparecen las palabras “cambio climático” ni “energía renovable”. En las metas 7.3, 7.a y 7.b tampoco aparece ninguno de los códigos propuestos para la dimensión económica, sólo aparece una vez la palabra “tecnologías”.

En el PND 2013–2018, en la meta 7.1 referente a la dimensión social no existe ninguno de los códigos propuestos como “acceso a energía para todos” o “energía universal”, se habla de un “acceso universal”, pero a servicios como televisión, radio, telefonía o servicios sociales como seguridad y educación. En el caso de la meta 7.2, sí se menciona los códigos propuestos para esta dimensión, “mitigación al cambio climático” se menciona 13 veces y se establece clara y coherentemente, por su parte “energía renovable”, se establece como “fuentes de energía renovable” y aparece cuatro veces. Las metas 7.3, 7.a y 7.b muestran varias coincidencias para los códigos propuestos para la dimensión económica, la “innovación tecnológica” es mencionada más de 42 veces y en algunas se asocia a la energía. La “eficiencia energética” sólo se menciona una vez, pero el término “eficiencia” tiene 72 coincidencias, de las cuales varias tienen que ver con energía.

En el PND 2019–2024, en la meta 7.1 referente a la dimensión social, no existe ninguna coincidencia referente a los códigos propuestos (“acceso a energía para todos” o “energía universal”), se habla de acceso pero a pensiones o apoyos económicos a grupos específicos, nada referente a energía. En la meta 7.2 (dimensión ambiental) no existe ninguna referencia a “cambio climático”, sólo a “energías renovables”, pero se menciona únicamente cuatro veces, por eso le asigné una calificación negativa porque el cambio climático es multidimensional. Finalmente en las metas 7.3, 7.a y 7.b, tampoco existe ninguna coincidencia para los códigos propuestos (“eficiencia energética” e “innovación tecnológica”) sólo se menciona una vez la palabra “innovación”.

En cuanto a la LCID, en la meta 7.1 no existe ninguna coincidencia para los códigos que represente la dimensión social (“acceso a energía para todos” o “energía universal”) sólo se menciona la palabra “energía” pero para referirse a la secretaría de energía y para un programa. En la meta 7.2, de los dos códigos propuestos sólo se menciona el de “mitigación del cambio climático”, sin embargo sólo se menciona dos veces una al principio y de manera general y enunciativa y la segunda para referirse a una ley nacional. En las metas 7.3, 7.a y 7.b, tampoco existe ninguna mención a los códigos propuestos para la dimensión económica, sólo se menciona “tecnología”, pero para referirse al Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Respecto a la LH, en la meta 7.1, no observé ninguna coincidencia para los códigos de la dimensión social. En la meta 7.2 que representa la dimensión ambiental, tampoco existe ninguna mención a los códigos propuestos como “mitigación al cambio climático”, ni “energía renovable”, aunque se colocó sólo “cambio climático”, tampoco existe ninguna coincidencia. En la meta 7.3, 7.a y 7.b referente a la dimensión económica, tampoco existe ninguna mención a los códigos propuestos como “eficiencia energética” o “innovación tecnológica”, sólo se menciona una vez la palabra “innovación”.

En la LIE, en la meta 7.1 que se refiere a la dimensión social, no encontré ninguna mención a los códigos propuestos (“acceso a energía para todos”, “energía universal”, “energía para todos”). En la meta 7.2 que atiende a la dimensión ambiental, no existe ninguna referencia a los códigos propuestos, sólo se menciona dos veces “cambio climático” pero se refiere a la ley nacional, por su parte “energía renovable” sólo se menciona una vez relacionándola a proyectos de generación. En la meta 7.3, 7.a y 7.b, sólo se menciona una vez “eficiencia energética” para referirse a unas normas que no se menciona su nombre genérico, sólo se hace referencia, respecto al código de “innovación tecnológica” o “energética” no existe ninguna mención.

Por su parte la LAERFTE, en la meta 7.1 no encontré ninguno de los códigos propuestos para la dimensión social (“acceso a energía para todos”, “energía universal”, “energía para todos2). En la meta 7.2 que se asocia a la dimensión ambiental, sí encontré coincidencias con los códigos propuestos, para “mitigación del cambio climático” identifiqué tres y para “energía renovable” siete por lo cual lo califiqué como positivo. En la meta 7.3, 7.a y 7.b encontré varias coincidencias con los códigos propuestos, para el caso de la “eficiencia energética” encontré tres coincidencias en el capítulo IV referente a la estrategia nacional, en cuanto a la innovación tecnológica encontré 11 coincidencias.

Finalmente en la LTE, en la meta 7.1 no encontré ninguna referencia para los códigos que representan la dimensión social (“acceso a energía para todos”, “energía universal”, “energía para todos”). En la meta 7.2 que representa la dimensión ambiental, identifiqué varias coincidencias con los códigos propuestos, en el caso de “energía renovable” encontré 16 coincidencias, mientras que con mitigación del cambio climático identifiqué siete coincidencias. Finalmente en las metas 7.3, 7.a y 7.b referentes a la dimensión económica, identifiqué 69 referencias para “eficiencia energética” y ocho coincidencias para “innovación tecnológica”.

En general, mi análisis de las tablas destaca dos temas importantes. Primero, el contexto regional que rodea las políticas nacionales de México socava significativamente el establecimiento de una seguridad energética nacional sostenible. En segundo lugar, el análisis indica un retroceso significativo en el establecimiento de la coherencia normativa para la seguridad energética sostenible, ya que los puntajes más altos de coherencia normativa se encuentran para el PND 2013–2018 y la LAERFTE (ver Tabla 4). Esta tendencia se explica por la pluralidad de actores involucrados en la política energética mexicana, cuyo análisis presentó a continuación.

Identificación de actores en el marco de la implementación del ODS-7 de la Agenda 2030 de la ONU en México

Identificar a los actores que participan en el proceso del diseño, negociación e implementación de una política global que sustenta el desarrollo sostenible basado en tres dimensiones (social, ambiental y económica) desde la escala más alta que es la arena internacional y donde tiene lugar el proceso de diseño y negociación, hasta la escala regional, nacional y sub-nacional que son las escalas que se ven impactadas por la implementación de dicha política, es de vital importancia para establecer la CNDS de dicha política como es el caso del ODS-7 en México.

En primer lugar, retomo la tipología de actores que propone Tassara (2016, p. 6), quien alude que “cada vez es más notoria la importancia de una oportuna identificación de los actores que participan en la formulación, negociación e implementación de las políticas públicas, esto en el sentido de entender cabalmente características y matices del proceso”.

La tipología propuesta por Tassara (2016) se basa en los enfoques del pluralismo clásico y la teoría de los grupos de interés y la teoría de la acción colectiva. Acorde a estos enfoques, los actores involucrados en estos procesos de formulación, negociación e implementación de políticas públicas multiescalares, se agrupan en tres tipos principales: actores con poder formal de decisión, actores con interés inmediato y actores de contexto (ver Tabla 5).

Tabla 5 •

Clasificación de actores en el proceso de formulación, negociación e implementación de una política pública

Tipo de actor Definición Ejemplos
Actores con poder formal de decisión Actores situados en posiciones con capacidad resolutiva de acuerdo con el ordenamiento y procedimientos jurídicos e Institucionales previstos para la toma de decisiones Titular del ejecutivo

Cámaras del poder legislativo

Tribunales del poder judicial

Titulares de ministerios, institutos y demás organizamos públicos con distintos niveles de capacidad resolutiva en el sector afectado
Actores con interés inmediato Actores que consideran fuertemente afectados sus intereses y/o valores por un proceso decisional. Pueden pertenecer a un actor colectivo con capacidad resolutiva o ser externos a la estructura formal de toma de decisiones. Liderazgos individuales al interior de actores colectivos con poder de decisión

Partidos políticos

Grupos de interés públicos y privados

Organizaciones de la sociedad civil

Organismos internacionales

Medios de comunicación
Actores de contexto Actores cuya experiencia, conocimientos, recursos, intereses y valores son interpelados en el transcurso de un proceso decisional. Actúan como referentes o apoyos para los actores con poder de decisión y/o de interés inmediato. Think tanks

Fuente: elaboración propia a partir de Tassara (2016) y Maldonado y Palma (2013).

Acorde a la clasificación de actores que propone Tassara (2016) en la Tabla 6 presento un total de 27 actores que participan y/o contribuyen en el proceso de diseño, negociación e implementación del ODS-7 de la Agenda 2030 de la ONU, así como en la implementación de la política de transición energética2, la cual coadyuva en el cumplimiento del ODS-7. Dichos autores se clasifican de acuerdo con su escala (global, regional o nacional), tipo de actor, función/interacción acorde al proceso y la política a la que contribuye (directa, indirecta o limitante) (ver Tabla 6).

Tabla 6 •

Identificación de actores que participan en el marco de implementación del ODS-7 de la Agenda 2030 y la política de transición energética en México (2015-2020)

Actor Escala Tipo de actor Función/interacción acorde al proceso Política a la que contribuye
ONU Global Actor con interés inmediato Coordinar el diseño, negociación e implementación de la Agenda 2030 y de agendas afines como la Agenda de Acción Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo. Diseño y cumplimiento directo del ODS-7
OCDE Global Actor con interés inmediato Coordinar revisiones entre pares de políticas públicas implementadas por parte de sus países miembros. En el caso de México ha coordinado el proceso de la Reforma Energética y ha asesorado a las nuevas instituciones creadas con dicha reforma. Diseño y cumplimiento directo del ODS-7

Cumplimiento indirecto de la política de transición energética global, regionales y nacionales
Agencia Internacional de Energía Global Actor con interés inmediato Coordinar políticas energéticas de estados miembros de la OCDE con la finalidad de asegurar energía c onfiable, adquirible y limpia a sus respectivos habitantes. Contribuir al cumplimiento directo del ODS-7

Contribuir indirectamente a la política de transición nacional
Agencia Internacional de las Energías Renovables Global Actor con interés inmediato Facilitar la cooperación, promover el conocimiento y el uso sostenible de energías renovables a través del asesoramiento sobre políticas concretas y facilitar la capacidad y transferencia de tecnología Contribuir al cumplimiento directo del ODS-7

Contribuir indirectamente a la política de transición energética nacional
G-20 Global Actor con interés inmediato Principal foro de deliberación política y económica donde participan 19 países de todos los continentes y la Unión Europea. También tienen un área temática referente a cuestiones energéticas. Contribuir indirectamente al cumplimiento del ODS-7

OMC Global Actor con interés inmediato Es la única organización internacional que se encarga de las normas que rigen el comercio entre todos los países, también incide en las normas referentes al comercio de energía. Contribuir indirectamente al cumplimiento del ODS-7

OPEP Global Actor con interés inmediato Sus países miembros poseen el 43% de la producción mundial del petróleo y el 81% de las reservas mundiales del petróleo. Limitantes en el cumplimiento del ODS-7
Gobierno de México Nacional Actor con poder formal de decisión Autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del Estado mexicano, a través de la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado en diferentes sectores, entre ellos el sector energético. Cumplimiento directo del ODS-7 y política de transición energética nacional
Cámara de Senadores Nacional Actor con poder formal de decisión Legislar leyes y decretos para el cumplimiento del ODS-7. Puede contribuir directamente o limitar el cumplimiento del ODS-7 y política de transición energética nacional
Cámara de Diputados Nacional Actor con poder formal de decisión Legislar leyes y decretos para el cumplimiento del ODS-7. Puede contribuir directamente o limitar el cumplimiento del ODS-7 y política de transición energética nacional
Poder Judicial Nacional Actor con poder formal de decisión Salvaguardar y hacer cumplir los marcos jurídicos relacionados con el cumplimiento del ODS-7. Cumplimiento directo del ODS-7 y política de transición energética nacional
Partidos Políticos Nacional Actor con interés inmediato Entidades de interés público que persiguen intereses políticos y que los logran a través de candidaturas para ocupar algún cargo de representación. El sector energético puede ser un sector de interés para sus campañas. Puede contribuir o limitar el cumplimiento del ODS-7 y la política de transición y seguridad energética nacional
AMEXCID Nacional Actor con poder formal de decisión Órgano desconcentrado de la SRE. Tiene atribuciones específicas para abordar los asuntos relacionados con la CID, dentro de los que destaca la implementación de los 17 ODS de la Agenda 2030 como asunto prioritario de cooperación con organismos internacionales como la ONU. Cumplimiento directo del ODS-7 y política de transición energética nacional
SENER Nacional Actor con poder formal de decisión Administra y regula los asuntos energéticos del país. Cumplimiento directo del ODS-7 y política de transición energética nacional
CRE1 Nacional Actor con poder formal de decisión Contribuye a la regulación energética del país. Cumplimiento directo del ODS-7 y política de transición energética nacional
CONUEE2 Nacional Actor con poder formal de decisión Órgano administrativo desconcentrado de la SENER y tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. Cumplimiento directo del ODS-7 y política de transición energética nacional
CNSNS3 Nacional Actor con poder formal de decisión Órgano desconcentrado de la SENER que responde a compromisos y requerimientos internacionales en las áreas de seguridad nuclear, radiológica y física, así como de salvaguardias. Cumplimiento indirecto del ODS-7 y política de transición energética nacional
CNH4 Nacional Actor con poder formal de decisión Dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía técnica para regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos en México. Puede limitar el cumplimiento del ODS 7 y política de transición energética nacional
PEMEX Nacional Actor con poder formal de decisión Empresa estatal de México productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural. Puede limitar el cumplimiento del ODS-7

Contribuir o limitar la política de transición energética nacional
CFE Nacional Actor con poder formal de decisión Empresa productiva del Estado mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país. Puede contribuir directamente o limitar el cumplimiento del ODS-7

y la política de transición energética nacional
IMP5 Nacional Actor con poder formal de decisión Centro de investigación en México dedicado a estudios técnicos en el área petrolera. Puede limitar el cumplimiento del ODS-7 y política de transición energética nacional
IEEL6 Nacional Actor con poder formal de decisión Centro de investigación del sector energía, dedicado principalmente a las áreas eléctrica y energética de México. Cumplimiento directo del ODS-7 y política de transición energética nacional
ININ7 Nacional Actor con poder formal de decisión Organismo público descentralizado del gobierno federal, cuyo objetivo es realizar investigación y desarrollo tecnológico en el campo de la ciencia y tecnología nucleares, y en temas afines, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico de México. Cumplimiento indirecto del ODS-7 y política de transición energética nacional
INEGI Nacional Actor con poder formal de decisión Órgano constitucional autónomo de México, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. Cumplimiento indirecto del ODS-7 y política de transición energética nacional
Gobierno de Estados Unidos Regional Actor con poder formal de decisión Cooperación regional para el cumplimiento del OD7 Puede limitar el cumplimiento del ODS-7 y política de transición energética regional y nacional
Gobierno de Canadá Regional Actor con poder formal de decisión Cooperación regional para el cumplimiento del OD7 Puede limitar el cumplimiento del ODS-7 y política de transición energética regional y nacional
Instituciones regionales encargadas del cumplimiento del ODS-7 en el marco del T-MEC Regional Actor con poder formal de decisión Cooperación regional para el cumplimiento del ODS-7 Cumplimiento del ODS-7 y política de transición energética regional y nacional

Comisión Reguladora de Energía

Comisión Nacional para el Uso Efi ciente de la Energía

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Instituto Mexicano del Petróleo

Instituto Nacional de Electricidad y Energóas Limpias

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de diversos sitios web de los actores antes mencionados

De acuerdo con la Tabla 6, una de las fortalezas que identifico en el marco de implementación del ODS-7 de la Agenda 2030 y la política de transición energética en México (2015–2020), es el gran número de actores con poder formal de decisión, de los 27 actores un total de 19 actores son actores con poder formal de decisión. Asimismo, de estos actores 16 se ubican en México y 3 en la región de América del Norte. Esto debería garantizar la transparencia en la toma de decisiones.

Otra fortaleza, la ubico dentro de los actores con poder formal de decisión en la escala nacional, de los cuales resaltan varios actores que coadyuvan directamente al cumplimiento del ODS-7 y al fortalecimiento de la transición energética nacional baja en carbón como la CRG, CONUEE, IEEL e ININ, los cuales participan en la investigación e implementación de tecnologías para producción de fuentes de energía renovables o alternativas.

Por su parte, uno de los riesgos que identifico, se puede observar en la columna referente a la política a la que los actores contribuyen. De los 27 actores identificados existen por lo menos siete actores que podrían socavar el cumplimiento del ODS-7 y de la política de transición energética baja en carbón en México, de los cuales destacan dos con intereses inmediatos.

En primer lugar; la OPEP la cual se ubica en la escala global y su papel preponderante en el rubro de fuentes de energía de origen fósil, aunado a la alta dependencia a las fuentes de origen fósil de un gran número de países, incluido México, podría incidir directamente en el incumplimiento del ODS-7, tanto en la escala global, regional y nacional.

Otros tres actores; los partidos políticos con un interés inmediato, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con poder formal de decisión, los tres se ubican en la escala nacional. Este grupo podría limitar el cumplimiento del ODS-7 y de la política de transición energética, debido a que pueden ser susceptibles a lobbys petroleros, cuando en algún momento de su ejercicio legislativo, tengan que aprobar o refutar alguna ley o marco jurídico que pueda poner en riesgo el cumplimiento del ODS-7, debido a la importancia que la actual administración ha concedido a las fuentes de energía de origen fósil y a los intereses de empresas transnacionales, que con la Reforma Energética de 2013, participan formalmente en diversas actividades del sector energético.

Finalmente, destacan otros tres actores en un segundo grupo; CNH, PEMEX y CFE, los tres con poder formal de decisión y ubicados en la escala nacional. Considero que este grupo de actores podría limitar el cumplimiento del ODS-7, debido a que en el caso de PEMEX y CFE son empresas paraestatales, pero los tres, y en menor medida la CFE, tienden a basar su andamiaje institucional y operativo en la dependencia a fuentes de origen fósil, la repotenciación de estas fuentes en la actual administración, podría contribuir fuertemente para que estos actores coadyuven al incumplimiento del ODS-7 en México.

Este análisis de actores demuestra que el ODS-7 en México está siendo socavado menos por intereses sectoriales específicos relacionado con energía y más por cuestiones generalizadas relacionadas con la gobernanza en México y, sobre todo, por la debilidad de las instituciones democráticas en el país.

Conclusiones

Los ODS promueven una agenda ambiciosa. Su objetivo es lograr un desarrollo transformador para 2030 que no sólo proporcione servicios a las personas más desfavorecidas, sino que también aborde los desequilibrios de poder que contribuyen a la desigualdad. El ODS-7 se enfoca a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Para lograr este objetivo, sus metas apuntan a proporcionar acceso universal a energía limpia y asequible, promover energía que no contribuya al cambio climático y fomentar la eficiencia energética y tecnología innovadora.

La amplitud y naturaleza interrelacionada de los ODS los hizo innovadores en principio. En la práctica, los estados-nación deben implementarlos dentro de sus marcos normativos y estructuras de gobierno existentes. Por ello, he planteado la pregunta, ¿cuán normativamente coherente es el avance de la implementación y la política de seguridad energética y desarrollo de México respecto a las metas establecidos en el ODS-7 de la Agenda 2030 de la ONU?

El análisis que he presentado ilustra que el marco político-legal de México en materia de energía y desarrollo no es muy coherente con el ODS-7. Esto lo demostraron los puntajes negativos que obtuve en las tres tablas (Tablas 24) donde analicé documentos clave. Por ejemplo, en la escala regional donde en el marco del TLCAN y el T-MEC existen dos acuerdos ambientales, no localicé ninguno de los códigos clave que propuse para las cinco metas que representa el ODS-7 y las tres dimensiones del desarrollo sostenible que sustenta la Agenda 2030 (social, ambiental y económica) .

Además, puedo destacar que, no obstante la presencia de muchos actores políticos en México quienes están promoviendo la implementación del ODS-7, aquellas instituciones, que deberían estar más involucradas en la implementación de la Agenda 2030, son las que están menos comprometidas con ella: a saber, el Congreso y el Senado, además de empresas paraestatales como PEMEX y CFE.

Esta situación ha llevado a una implementación fragmentada del ODS-7. De acuerdo con el INV de 2018 que México hizo llegar a la ONU, se destaca que es un país con alta cobertura en el suministro de energía eléctrica para su población, pero con retos para satisfacer a las poblaciones en zonas aisladas.

El dato más preocupante del reporte, es la dependencia a combustibles fósiles, lo cual equivale al 79.7% de la generación total de energía en el país, dicho porcentaje indica que el ODS-7, está lejos de cumplirse en México en el tiempo y forma acordados, ya que denota la alta dependencia del país hacia las fuentes de energía de origen fósil.

Notas

1

La iniciativa “Energía Sostenible para Todos” consiste en un planteamiento radical que contempla que todas las personas puedan acceder a las fuentes de energía fiable que necesitan para llevar una vida segura, saludable y productiva y que puedan sufragarlas, asumiendo a la vez, las limitaciones del planeta a las que todos nos enfrentamos como consecuencia del cambio climático (ONU, 2021).

2

La política de transición energética citada en esta sección, en el caso de México, se refiere a la transición hacia fuentes de origen renovable, por lo tanto, esta sección analiza la incidencia (directa, indirecta o limitante) de los actores en el cumplimiento del ODS-7 y la política nacional de transición energética, de acuerdo a su escala (global, regional o nacional), esto se enmarca también en la discusión de la coherencia normativa del proceso de implementación del ODS-7 en México, pero desde la perspectiva de los actores, quienes también pueden socavar el cumplimiento de dicho objetivo.

Referencias

  • Banco Mundial. (2011). World Development Indicators. <AU: Is there additional information available?>

  • Berger, A. (2022). Development as non-migration? Examining normative and policy coherence in EU external action on migration and development. Development Policy Review 40(S.1), 116.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • British Petroleum. (2019). BP statistical review of world energy report. London: BP.

  • Cherp, A., Adenikinju, A., Goldthau, A., Hughes, L., Jansen, J., Jewell, J. & Vakulenko, S. (2012). Energy and security. In T. B. Johansson, A. P. Patwardhan, N. Nakićenović, & L. Gomez-Echeverri (Eds.), Global energy assessment: Toward a sustainable future. Cambridge: Cambridge University Press.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Chester, L. (2010). Conceptualising energy security and making explicit its polysemic nature. Energy Policy 38(2), 887895.

  • European Comission. (2000). Towards a European strategy for the security of energy supply. (Green Paper, Communication from the Commission to the European parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions). European Commission, Brussels.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Graham, V. & Graham, S. (2022). The African small island developing states and normative coherence for sustainable development: The quality of civil rights and liberties. Development Policy Review 40(S.1), 119.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Gupta, E. (2008). Oil vulnerability index of oil-importing countries. Energy Policy 36(3), 11951211.

  • Häbel, S. (2018). Normative policy coherence for development in EU external policies: A case study of the European Union’s development and trade policies towards Vietnam. (Doctoral dissertation). University of Luxembourg, Luxembourg.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Johansson, T. B., Patwardhan, A. P., Nakićenović, N. & Gomez-Echeverri, L. (Eds.). (2012). Global energy assessment: Toward a sustainable future. Cambridge: Cambridge University Press.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Karekezi, S., McDade, S., Boardman, B., Kimani, J., & Lustig, N. (2012). Energy, poverty, and development. In T. B. Johansson, A. P. Patwardhan, N. Nakićenović, & L. Gomez-Echeverri (Eds.), Global energy assessment: Toward a sustainable future. Cambridge: Cambridge University Press.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Kauffer, E. & Maganda, C. (2022). The adoption of global water norms in Central America: What separates normative coherence from normative hegemony? Development Policy Review 40(S.1), 116.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Kendell, J. M. (1998). Measures of oil import dependence. Washington, DC: United States Department of Energy (US DOE).

  • Koff, H. (2017). Diaspora philanthropy in the context of policy coherence for development: Implications for the post-2015 Sustainable Development Agenda. International Migration 55(1), 519.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Koff, H., Challenger, A., Ros Cuéllar, J., Aguilar Orea, R., & Lara López, M.d.S. (2022). How green are our laws? Presenting a normative coherence for sustainable development methodology. Environmental Policy and Governance, Early View, 120. https://doi.org/10.1002/eet.1998.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Koff, H. & Häbel, S. (2022). Normative coherence for development: What relevance for responsive regionalism? Development Policy Review 40(S.1), 110.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Koff, H. & Maganda, C. (2016). The EU and the human right to water and sanitation: Normative coherence as the key to transformative development. The European Journal of Development Research 28(1), 91110.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Kruyt, B., van Vuuren, D. P., de Vries, H. J. M., & Groenenberg, H. (2009). Indicators for energy security. Energy Policy 37(6), 21662181.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Kumarage, A. S. (2007). Impacts of transportation infrastructure and services on urban poverty and land development in Colombo, Sri Lanka. Global Urban Development Magazine 3(1).

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Maldonado V., C.F. & Palma R., A.F. (2013). La construcción de pactos y consensos en materia de política social: apuntes para un marco de análisis. Series Políticas Sociales, Santiago de Chile: CEPAL (Naciones Unidas) y Cooperación Alemana.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Müller-Kraenner, S. (2008). Energy security: Re-measuring the world. London: Earthscan.

  • Organización de las Naciones Unidas. (2015). Setenta aniversario de las Naciones Unidas. Historia. Nueva York: ONU.

  • Organización de las Naciones Unidas. (2021). El papel futuro de la iniciativa “Energía Sostenible para Todos” en la promoción de la energía sostenible. Nueva York: ONU.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Perekrestova, V. (2022). Normative coherence through social entrepreneurship: Fostering women’s empowerment in Myanmar. Development Policy Review 40(S.1), 118.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Planelles, M., & Delgado, C. (2022, 12 de julio). El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a la electricidad. El País. https://elpais.com/economia/2018/05/02/actualidad/1525257286_099135.html.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Siitonen, L. (2016). Theorising politics behind policy coherence for development (PCD). The European Journal of Development Research 28(1), 112.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Siitonen, L. (2022). A normative power or fortress Europe? Normative policy coherence between the European Union’s development, migration, and foreign policies. Development Policy Review 40(S.1), 117.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Sustainable Governance Indicator. (2021, 23 de septiembre). México. SGI-Network. https://www.sgi-network.org/2020/Mexico/Key_Findings.

  • Tassara, C. (2016). Cooperación internacional y políticas públicas: análisis de casos latinoamericanos. En Calderón, Dulfary (Comp.). Políticas públicas: retos y desafíos para la gobernabilidad. Colombia: Universidad de Santo Tomás.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Vivien, F. & Briceño-Garmendia, C. (2010). Africa’s infrastructure: A time for transformation. In V. Foster & C. Briceño-Garmendia (Eds.), Africa’s infrastructure: a time for transformation: Africa Development Forum. Washington, DC: World Bank.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Yeager, K., et al. (2012). Energy and economy. In T. B. Johansson, A. P. Patwardhan, N. Nakićenović, & L. Gomez-Echeverri (Eds.), Global energy assessment: Toward a sustainable future. Cambridge: Cambridge University Press.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Yergin, D. (2006). Ensuring energy security. Foreign Affairs 85(2), 6982.

Contributor Notes

IRVIN EVANY AGUILAR LEÓN Irvin Evany Aguilar León es politólogo y regionalista. Tiene una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, un diplomado en Derecho Energético por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, una maestría en Desarrollo Regional Sustentable por el Colegio de Veracruz. Actualmente cursa el programa de Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco realizando una tesis sobre la implementación del ODS-7 de la Agenda 2030 en México desde el enfoque de la Coherencia Normativa. Sus líneas de investigación incluyen temas de ecología política, coherencia de políticas para el desarrollo, desarrollo sostenible y energía.

Datos de contacto: Matamoros 11, Colonia Centro, Santiago Huajolotitlán, Oaxaca, México, C.P. 69090, Cel. +52 5548496806, E-mail: irvin_evany@hotmail.com.

  • Collapse
  • Expand

Regions and Cohesion

Regiones y Cohesión / Régions et Cohésion

  • Banco Mundial. (2011). World Development Indicators. <AU: Is there additional information available?>

  • Berger, A. (2022). Development as non-migration? Examining normative and policy coherence in EU external action on migration and development. Development Policy Review 40(S.1), 116.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • British Petroleum. (2019). BP statistical review of world energy report. London: BP.

  • Cherp, A., Adenikinju, A., Goldthau, A., Hughes, L., Jansen, J., Jewell, J. & Vakulenko, S. (2012). Energy and security. In T. B. Johansson, A. P. Patwardhan, N. Nakićenović, & L. Gomez-Echeverri (Eds.), Global energy assessment: Toward a sustainable future. Cambridge: Cambridge University Press.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Chester, L. (2010). Conceptualising energy security and making explicit its polysemic nature. Energy Policy 38(2), 887895.

  • European Comission. (2000). Towards a European strategy for the security of energy supply. (Green Paper, Communication from the Commission to the European parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions). European Commission, Brussels.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Graham, V. & Graham, S. (2022). The African small island developing states and normative coherence for sustainable development: The quality of civil rights and liberties. Development Policy Review 40(S.1), 119.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Gupta, E. (2008). Oil vulnerability index of oil-importing countries. Energy Policy 36(3), 11951211.

  • Häbel, S. (2018). Normative policy coherence for development in EU external policies: A case study of the European Union’s development and trade policies towards Vietnam. (Doctoral dissertation). University of Luxembourg, Luxembourg.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Johansson, T. B., Patwardhan, A. P., Nakićenović, N. & Gomez-Echeverri, L. (Eds.). (2012). Global energy assessment: Toward a sustainable future. Cambridge: Cambridge University Press.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Karekezi, S., McDade, S., Boardman, B., Kimani, J., & Lustig, N. (2012). Energy, poverty, and development. In T. B. Johansson, A. P. Patwardhan, N. Nakićenović, & L. Gomez-Echeverri (Eds.), Global energy assessment: Toward a sustainable future. Cambridge: Cambridge University Press.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Kauffer, E. & Maganda, C. (2022). The adoption of global water norms in Central America: What separates normative coherence from normative hegemony? Development Policy Review 40(S.1), 116.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Kendell, J. M. (1998). Measures of oil import dependence. Washington, DC: United States Department of Energy (US DOE).

  • Koff, H. (2017). Diaspora philanthropy in the context of policy coherence for development: Implications for the post-2015 Sustainable Development Agenda. International Migration 55(1), 519.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Koff, H., Challenger, A., Ros Cuéllar, J., Aguilar Orea, R., & Lara López, M.d.S. (2022). How green are our laws? Presenting a normative coherence for sustainable development methodology. Environmental Policy and Governance, Early View, 120. https://doi.org/10.1002/eet.1998.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Koff, H. & Häbel, S. (2022). Normative coherence for development: What relevance for responsive regionalism? Development Policy Review 40(S.1), 110.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Koff, H. & Maganda, C. (2016). The EU and the human right to water and sanitation: Normative coherence as the key to transformative development. The European Journal of Development Research 28(1), 91110.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Kruyt, B., van Vuuren, D. P., de Vries, H. J. M., & Groenenberg, H. (2009). Indicators for energy security. Energy Policy 37(6), 21662181.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Kumarage, A. S. (2007). Impacts of transportation infrastructure and services on urban poverty and land development in Colombo, Sri Lanka. Global Urban Development Magazine 3(1).

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Maldonado V., C.F. & Palma R., A.F. (2013). La construcción de pactos y consensos en materia de política social: apuntes para un marco de análisis. Series Políticas Sociales, Santiago de Chile: CEPAL (Naciones Unidas) y Cooperación Alemana.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Müller-Kraenner, S. (2008). Energy security: Re-measuring the world. London: Earthscan.

  • Organización de las Naciones Unidas. (2015). Setenta aniversario de las Naciones Unidas. Historia. Nueva York: ONU.

  • Organización de las Naciones Unidas. (2021). El papel futuro de la iniciativa “Energía Sostenible para Todos” en la promoción de la energía sostenible. Nueva York: ONU.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Perekrestova, V. (2022). Normative coherence through social entrepreneurship: Fostering women’s empowerment in Myanmar. Development Policy Review 40(S.1), 118.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Planelles, M., & Delgado, C. (2022, 12 de julio). El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a la electricidad. El País. https://elpais.com/economia/2018/05/02/actualidad/1525257286_099135.html.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Siitonen, L. (2016). Theorising politics behind policy coherence for development (PCD). The European Journal of Development Research 28(1), 112.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Siitonen, L. (2022). A normative power or fortress Europe? Normative policy coherence between the European Union’s development, migration, and foreign policies. Development Policy Review 40(S.1), 117.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Sustainable Governance Indicator. (2021, 23 de septiembre). México. SGI-Network. https://www.sgi-network.org/2020/Mexico/Key_Findings.

  • Tassara, C. (2016). Cooperación internacional y políticas públicas: análisis de casos latinoamericanos. En Calderón, Dulfary (Comp.). Políticas públicas: retos y desafíos para la gobernabilidad. Colombia: Universidad de Santo Tomás.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Vivien, F. & Briceño-Garmendia, C. (2010). Africa’s infrastructure: A time for transformation. In V. Foster & C. Briceño-Garmendia (Eds.), Africa’s infrastructure: a time for transformation: Africa Development Forum. Washington, DC: World Bank.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Yeager, K., et al. (2012). Energy and economy. In T. B. Johansson, A. P. Patwardhan, N. Nakićenović, & L. Gomez-Echeverri (Eds.), Global energy assessment: Toward a sustainable future. Cambridge: Cambridge University Press.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • Yergin, D. (2006). Ensuring energy security. Foreign Affairs 85(2), 6982.

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 400 400 37
PDF Downloads 231 231 44