*Full article is in Spanish
Hasta 2004, la población desplazada en Colombia estaba expuesta a la vulneración masiva y sostenida de varios derechos constitucionales, y a la prolongada omisión de las autoridades del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones y en garantizar los derechos y las acciones institucionales necesarias para evitar la vulneración de los derechos de esta población, cada vez más creciente en el país.1 En ese mismo año, se expide la Sentencia T-025/2004 de la Corte Constitucional colombiana, donde declara el “estado de cosas inconstitucional,” reitera los derechos constitucionales de la población afectada por el desplazamiento forzado, e imparte una serie de órdenes para proteger los derechos de la población afectada por el fenómeno.